Cada año, América Latina y el Caribe pierden alrededor de 12.000 millones de dólares que nunca llegan a sus presupuestos nacionales debido a la evasión financiera y a las debilidades del sistema fiscal internacional. ¿Cuánto nos cuesta la opacidad y qué podemos hacer?
Klelia Guerrero García (*)
Según estimaciones a partir del Estado de la Justicia Fiscal 2024, elaborado por Tax Justice Network, y de las notas metodológicas asociadas, 12.000 millones de dólares no llegan a los presupuestos regionales. En la edición 2025 del Índice de Secreto Financiero (FSI), publicada el 3 de junio, Panamá vuelve a ser la única jurisdicción latinoamericana entre las 20 más opacas del mundo (puesto 15), y mientras que Brasil, Uruguay y el Caribe insular —con las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Caimán también en el top 20 global— se consolidan como “puentes” regionales de capitales fugados.
La metodología del Estado de la Justicia Fiscal 2024 plantea para este cálculo el porcentaje del stock mundial de activos financieros offshore —para la región, correspondería el 13,1 % del stock global de 3,6 billones de dólares—, conjuntamente con otros datos como el coeficiente de intercambio automático vigente (CRS), una tasa de rendimiento anual, un tipo efectivo, así como un desvío de beneficios y un impuesto sobre corporaciones promedio —que para la región son de 1,3% del PIB y 12 %, respectivamente—. Con esto, se obtiene que más de 1.100 millones de dólares no son recaudados por patrimonio offshore, y otros 10.000 millones que se pierden por el desvío de beneficios de multinacionales, sumando alrededor de 12 000 millones de dólares anuales que dejan de recaudarse en la región.
Este resultado surge principalmente por la combinación de factores como: (i) cuentas y sociedades opacas, (ii) intercambio de información incompleto y (iii) reglas fiscales internacionales que aún permiten la reserva de datos clave.
¿Qué cambió entre 2022 y 2025?
Las modificaciones metodológicas entre las ediciones de 2022 y 2025 del Índice afectan la comparabilidad directa entre ambos años. En 2025, el FSI pasó a un sistema de actualización continua en lotes, lo que permite que los cambios regulatorios se reflejen más rápidamente. Además, se añadieron seis nuevos puntos de datos para entender mejor los compromisos reales de los países bajo el Acuerdo Multilateral de Cooperación Administrativa (MAAC, en inglés), incluyendo la asistencia en la recaudación de impuestos extranjeros y el intercambio de información más allá de los impuestos sobre la renta. También se incorporaron nuevos acuerdos multilaterales como el MDR-MCAA y el CARF-MCAA, y se revisaron anualmente los datos de servicios financieros extraterritoriales. Estos cambios mejoran la precisión y relevancia del FSI, pero complican la comparación directa entre las ediciones de 2022 y 2025, ya que los puntajes y posiciones en el ranking pueden no reflejar exactamente las mismas condiciones.
Entre las ediciones del Índice de Secreto Financiero correspondientes a 2022 y a 2025, Panamá retrocedió en opacidad: no solo se mantiene en el Top-20 global, sino subió del puesto 18 al 15 e incrementó su puntaje de secreto financiero de 73 a 78 puntos sobre 100. Esto indica que su margen legal para ocultar activos se amplió en los últimos cuatro años, aun cuando implementó algunas reformas —como la adhesión parcial al intercambio automático de información—, ya que mantuvo reservas clave como en el registro público de beneficiarios reales y en impuestos locales.
En la misma línea, aunque en una mejor situación relativa, Uruguay subió 10 puestos en el ranking (del 71 en 2022 al 61 en 2025) y aumentó cinco puntos a su índice de secreto financiero (de 58 a 63 sobre 100). Si bien se revirtieron reformas en los últimos años, estas fueron insuficientes frente a la dinámica global. El registro de beneficiarios finales creado en 2024 permanece cerrado al público y conserva amplias excepciones para fideicomisos; el proyecto de ley para eliminar el secreto bancario sigue en trámite; y los retrasos de once meses en el intercambio de información con otros países han erosionado su transparencia relativa. En otras palabras, el mundo avanzó más rápido que Uruguay, y eso se reflejó en el ranking.
Chile también ha impulsado significativamente más la opacidad en 2025 versus 2022. Este país avanzó 14 puestos y aumentó seis puntos en el índice, pasando del puesto 73 con 60 puntos en 2022, al 59 con 66 puntos en 2025. Con esto, superó incluso a Uruguay. Este salto puede resultar de la combinación de factores como: el crecimiento relativo de los activos gestionados para no residentes, la Ley de Fintech (2023) que amplió los umbrales de confidencialidad para plataformas de inversión y activos digitales sin exigir registro público de beneficiarios, y la persistencia de lagunas en el intercambio automático, al no incluir en sus reportes CRS los fondos de inversión domiciliados en el país ni los vehículos de inversión colectiva que gestionan capitales externos.
Otros “retrocesos” en opacidad son los casos de Costa Rica y El Salvador que pasaron, respectivamente, del puesto 105 al 72 (subiendo de 56 puntos a 64 en 2025) y del 97 al 87 (aumentando su puntuación de opacidad de 61 a 65 puntos, en el mismo periodo).
Colombia, Brasil, México y Argentina transitan un mismo corredor de estancamiento relativo: Aunque sus puestos en el ranking han variado, sus índices de secreto financiero apenas se han movido —o incluso aumentaron ligeramente— entre 2021 y 2025. Colombia pasó del puesto 108 al 95, manteniendo un puntaje de 54, sugiriendo que sus reformas no redujeron el margen legal para la opacidad. Brasil escaló de la posición 83 a la 80, con una subida marginal de 49 a 50 puntos. México pasó de la ubicación 82 a la 78, con un score inalterado en 53. En un giro ligeramente más pronunciado, Argentina se movió del puesto 111 al 104 y vio su score crecer de 49 a 51 puntos. En síntesis, ninguno de los cuatro países logró mejorar sustancialmente su marco de transparencia, y todos siguen ofreciendo ventanas similares al secreto financiero.
Entre los países que mejoraron su “secrecy score” está Ecuador, cuyo índice de opacidad disminuyó de 52 a 45 puntos, descendiendo del puesto 116 al 128 en el ranking global, gracias a la Ley Orgánica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (2023), que por primera vez publicó en línea los beneficiarios finales de todas las sociedades.
También está Venezuela, que bajó ligeramente su índice (de 72 a 71 puntos) pero subió su ubicación en el ranking (del 69 al 73). A pesar de haber flexibilizado el secreto bancario interno en 2022, su volumen de servicios financieros a no residentes se contrajo drásticamente por sanciones, limitando su mejora relativa .
En un caso similar, Bolivia redujo su índice de opacidad de 79 a 77, pero su localización en el ranking empeoró, ascendiendo del puesto 109 al 88. Esto se atribuye a que el país creció como plataforma de factoring transfronterizo y su peso global aumentó más que la mejora legislativa .
Las cuatro fallas que nos cuestan miles de millones
- Reservas al MAAC: 69 % de los países OCDE no-UE —incluidos Chile, México y Brasil— se reservan el derecho a no intercambiar información sobre impuestos locales (predial, herencias, contribuciones sociales).
- Brecha cripto: Solo Argentina y Brasil han adoptado el Marco de Reportería de Cripto Activos (CARF, en inglés) para intercambio automático de cripto activos.
- Registros de beneficiario final: Aún no operan en Panamá, Paraguay ni varios paraísos caribeños.
- Doble no tributación sin sustancia: Sociedades con domicilio en la región siguen canalizando ganancias hacia otros territorios, sin personal real.
¿Qué podemos hacer?
1. Acuerdo CARICOM-ALBA-TIAR sobre intercambio pleno de información fiscal
Eliminar reservas al MAAC para impuestos locales: Los países de América Latina y el Caribe deben firmar un acuerdo regional que garantice el intercambio pleno de información fiscal, eliminando las reservas al Multilateral Agreement on Administrative Cooperation (MAAC). Esto permitiría que todos los impuestos locales, incluyendo el predial, herencias y contribuciones sociales, sean objeto de intercambio automático de información. Un acuerdo de este tipo podría modelarse en base a los acuerdos existentes entre la CARICOM (Comunidad del Caribe), ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) y la TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca), adaptándolos para incluir la transparencia fiscal.
2. Sanción cruzada regional
Negar deducibilidad de pagos a sociedades sin beneficiario final registrado: Los países de la región deben implementar una sanción cruzada que niegue la deducibilidad fiscal de pagos realizados a sociedades que no registren públicamente sus beneficiarios finales. Esta medida disuadiría la creación de estructuras opacas y forzaría a las empresas a revelar su verdadera propiedad, lo que reduciría significativamente la evasión fiscal. La implementación de esta sanción podría coordinarse a través de un acuerdo regional que establezca normas comunes y mecanismos de cumplimiento.
3. Registro público regional de activos digitales
Exportar la infraestructura de Uruguay y Brasil a la región: Uruguay y Brasil ya han desarrollado infraestructuras avanzadas para el registro público de activos digitales. Estos países pueden liderar la creación de un registro público regional de activos digitales, que permita a todos los países de América Latina y el Caribe acceder y compartir información sobre transacciones y tenencias de activos digitales. La implementación de esta plataforma regional podría facilitar el intercambio de información y mejorar la transparencia fiscal en la región.
4. Tarifa armonizada a la salida de capitales
Desincentivar la fuga hacia paraísos caribeños: Los países de América Latina y el Caribe deben implementar una tarifa armonizada a la salida de capitales, con el objetivo de desincentivar la fuga de fondos hacia paraísos fiscales caribeños. Esta tarifa podría aplicarse a todas las transferencias de capitales hacia jurisdicciones con un alto nivel de opacidad financiera, lo que reduciría el incentivo para mover fondos a estas áreas. La tarifa armonizada podría ser coordinada a través de un acuerdo regional que establezca tasas comunes y mecanismos de cumplimiento, asegurando una aplicación uniforme en toda la región.
Estas medidas, aunque ambiciosas, son esenciales para combatir la opacidad financiera y la evasión fiscal en América Latina y el Caribe. La implementación de un acuerdo regional sobre intercambio pleno de información fiscal, la sanción cruzada para sociedades sin beneficiario final registrado, la creación de un registro público regional de activos digitales y la implementación de una tarifa armonizada a la salida de capitales, podrían tener un impacto significativo en la transparencia fiscal y la recaudación de impuestos en la región.
Referencias
Tax Justice Network, State of Tax Justice 2024
Tax Justice Network, Financial Secrecy Index 2022 y 2025
(*) Klelia Guerrero es especialista de Justicia Fiscal y Género del área de Justicia Fiscal en la Red Latinoamericana y del Caribe por Justicia Económica, Social y Climática – Latindadd.
