Durante el webinar “En deuda con los derechos humanos: realidades y desafíos en el panorama actual de la deuda”, convocado por la Red Latinoamericana y del Caribe por Justicia Económica, Social y Climática – Latindadd, se analizaron diferentes aristas de las políticas económicas e instrumentos de financiamiento y sus impactos sobre la capacidad de los gobiernos para cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos. Durante el diálogo virtual se evidenció que la mayoría de los casos analizados son incompatibles con los principios fundamentales de la dignidad humana y el desarrollo sostenible.
Tras la Cuarta Conferencia sobre Financiamiento para el Desarrollo (FpD4), y en el transcurso de un nuevo año jubilar, es esencial dialogar sobre cómo garantizar el cumplimiento de los acuerdos y tratados internacionales y regionales sobre derechos humanos en el sistema económico y financiero mundial, así como cambiar radicalmente la centralidad del rendimiento del capital sobre la vida y la plena realización de los derechos humanos fundamentales.
La comunidad internacional en deuda con los derechos humanos y con las mujeres
Para Attiya Waris, experta independiente de la ONU sobre deuda externa, otras obligaciones financieras internacionales y derechos humanos, los resultados de la conferencia FpD4 de Sevilla tuvieron dos grandes temas dejados de lado: la ausencia de los derechos humanos en las negociaciones y, con ello, una conversación e inclusión de los derechos de las mujeres específicamente.
Refirió que esto continúa siendo un desafío en espacios financieros discutiendo, por ejemplo, por qué se contrata deuda, para qué se recaudan impuestos, o asuntos de estabilidad monetaria y cambiaria; el fin último debe ser una economía al servicio de las personas. Por otro lado, enfatizó que las conversaciones sobre la paz también estuvieron ausentes.
Continuando en el marco de FpD4, rescató algunos avances. Por ejemplo, la posibilidad de iniciar un club de deudores en el mismo sentido que el Club de París, de manera que los países endeudados puedan dialogar entre ellos. También hizo referencia al acuerdo de iniciar un proceso intergubernamental en Naciones Unidas que aborde, entre otros asuntos, un mecanismo de resolución de deudas, aunque lamentó que este avance no considera la condonación de las deudas. Rescató el panel de expertos sobre financiamiento y Objetivos de Desarrollo Sostenible conformado por la secretaría general de la ONU, lo que probablemente impulsará más conversaciones en estos temas.
En relación a las oportunidades desde lo regional, enfatizó en las alternativas al sistema SWIFT como la iniciativa desarrollada en Asia para eludir el sistema estadounidense en las transacciones entre países, con esfuerzos similares en África para el comercio. Finalmente, Attiya Waris hizo un llamado a no apartarse de los llamados para una condonación de deuda en este año de jubileo.
Entendiendo cómo y por qué la deuda en América Latina se paga con derechos humanos
Francisco Cantamutto, investigador asociado en IIESS UNS-CONICET y consultor de LATINDADD, explicó que la relación deuda y derechos humanos atraviesa múltiples niveles, como la relación con el Estado de derecho, que aparece cuando se contrata un préstamo. Este aspecto tiene dos dimensiones: uno, conocer si los países siguieron los pasos para que esa deuda sea legal; y dos, tener información sobre el destino de los recursos provenientes de deuda. Si la deuda se utilizó para el despilfarro, quienes se beneficiaron deberían responder, incluyendo los actores privados.
Otro nivel tiene que ver con el reembolso de la deuda, donde aparecen vínculos con los derechos y atiende a diferentes aspectos. Por ejemplo, esto guarda relación también con el pago de la deuda que desplaza otros posibles usos del espacio fiscal. En América Latina la cantidad de recursos destinados al pago de la deuda se ha duplicado respecto de la década anterior, reduciendo lo destinado a garantizar derechos humanos (como la salud, educación, protección social, entre otros).
Una dimensión que también debe considerarse está vinculada a cómo se orienta la especialización productiva del país atendiendo las necesidades del repago de la deuda. En la región existe un sesgo hacia una especialización que no atiende las necesidades de la población y se apoya en abaratar el trabajo vulnerando derechos laborales básicos y/o en la sobreexplotación de recursos naturales, vulnerando el derecho a vivir en un medio ambiente sano. En conjunto, se vulnera el derecho a participar de los efectos del desarrollo.
Cantamutto también resaltó que no existen mecanismos de resolución de conflictos con los acreedores privados y que el accionar de los organismos oficiales en la última década ha sido aumentar la deuda en los países para garantizar el pago a los acreedores privados, de manera tal que se produce un recambio de acreedores y no un alivio del problema de la deuda. De esta forma, los países se ven cada vez más sometidos a los mandatos de los organismos internacionales, en particular del Fondo Monetario Internacional para orientar sus economías al repago de la deuda y no a la protección de los derechos humanos.
El neocolonialismo en la arquitectura financiera: una mirada desde Asia y El Pacífico
Durante su intervención, Misun Woo, coordinadora Regional en Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD) abrió la perspectiva para ir más allá de la vinculación directa entre deuda y derechos humanos. Enfatizó que aún persisten las prácticas coloniales y que la actual arquitectura financiera es fundamentalmente incompatible con los derechos humanos, especialmente para las personas del Sur Global, pues está diseñada para, y es sostenida por, la extracción de mano de obra y recursos del Sur Global con el fin de canalizar poder y riqueza hacia el Norte Global.
Explicó también que no es coincidencia la similitud de historias sobre violación de derechos en el contexto de la deuda a medida que el FMI y otras instituciones financieras actúan con una fórmula transversal a países y generaciones. Esta fórmula incluye la privatización agresiva de los servicios sociales y de las empresas públicas, desregulación que perpetúa la violación de derechos laborales y crisis medioambiental, liberalización del comercio y finanzas, y políticas de tributación regresivas. Así, el FMI y otros acreedores disfrazan su motivación política de dominación neocolonial, a menudo en nombre de asesoramiento económico o recomendaciones de política que le restan soberanía a las naciones a tiempo que se somete al Sur Global para integrarlo en la denominada cadena de valor global.
Por otra parte, es importante considerar a dónde dirige el Norte Global sus finanzas: gasto militar para financiar guerras y conflictos como mecanismo para generar ganancias, riqueza y poder. Mientras se priorizan los compromisos de inversión en defensa y seguridad, el compromiso de asistencia oficial al desarrollo (AOD) del 0,7% del Índice Nacional Bruto (INB) es muy difícil de alcanzar, sin mencionar el alivio de la deuda.
Perspectivas desde el continente africano para una nueva arquitectura de la deuda
Memory Kachambwa, directora ejecutiva en African Women’s Development and Communication Network (FEMNET), señaló que la comunidad internacional no reconoció las causas que han llevado al mundo a este punto de crisis y explicó que los países africanos necesitan una cantidad substancial de recursos financieros para apoyar sus agendas de desarrollo, especialmente cuando enfrentan desafíos en su habilidad para generar ingresos internos.
La deuda de África ha aumentado 180% desde 2010 y por la composición de acreedores, el refinanciamiento o reestructuración es más difícil y complejo. Además, los préstamos están estructurados con vencimientos a corto plazo, elevadas tasas de interés y el destino de las inversiones no se dirigen a proyectos de desarrollo. Resalta que uno de los mayores problemas es el servicio de la deuda, al que se destina cada vez mayor proporción del presupuesto. Este costo está siendo desproporcionadamente cargado por las mujeres.
Si bien existen distintas preocupaciones, principalmente relacionadas con el rol que se le da al sector privado en la mayor parte de las respuestas a las crisis, considera que existe espacio para avanzar en algunos aspectos y destaca varios de ellos. En primer lugar, señala que se puede avanzar hacia un marco legal vinculante, transparente y basado en derechos mediante el establecimiento de una Convención Marco sobre la Deuda Soberana en ONU, incluyendo la anulación y restructuración de las deudas poniendo en el centro la dignidad humana, la justicia y la equidad. Segundo, retoma el punto del club de deudores. El tercer punto aborda la revisión de los análisis de sostenibilidad de la deuda más allá de indicadores fiscales restringidos y la posibilidad de incorporar derechos humanos, protección social, igualdad de género y justicia climática. Cuarto, destaca que la FpD4 aborde la garantía de la protección social y la eliminación de respuestas basadas en austeridad ante crisis de deuda. Finalmente, resalta la regulación de las prácticas de préstamo abusivas a través del mandato de transparencia en los contratos de deuda, modelo de fijación de precios y evaluación de riesgo, así como eliminar las primas de riesgo injustificadas.
En síntesis, la deuda y el peso de su reembolso tiene efectos directos en la perpetuación de los ciclos de pobreza, dependencia económica y en el debilitamiento de los esfuerzos por garantizar los derechos humanos. Una situación común en las regiones del Sur Global que continúan enfrentando prácticas neocoloniales y extractivas. Es crucial impulsar un cambio sistémico a partir de la priorización del cumplimiento pleno de los derechos humanos en el sistema económico y financiero. En esa línea, será importante impulsar las alternativas feministas basadas en el cuidado, la justicia y la sostenibilidad.
