Progresos y obstáculos en el camino a una reforma de la arquitectura financiera global
La Cuarta Conferencia sobre Financiamiento para el Desarrollo (FfD4) ha finalizado, luego de más de un año de preparativos, dejándonos un sabor agridulce, no solo por los resultados, que se dividieron entre positivos y tremendamente negativos y sin la ambición que el contexto de crisis múltiple necesita, sino también por la forma en que se restringió la participación de la sociedad civil en el espacio oficial de Naciones Unidas. Durante una semana de un calor extremo en la ciudad de Sevilla, las organizaciones presentes alzaron su voz en contra de restricciones de acceso al recinto oficial como a los espacios de intervención de la sociedad civil, los que fueron limitados, y que se dieron por insistencia propia frente a los organizadores sobre la base de que todo proceso de este tipo debe ser abierto, transparente y democrático.
La otra cara de la moneda fue el sector privado, que claramente tuvo un mejor trato, con un espacio oficial propio desde el inicio, mostrando las preferencias de los organizadores por darle prioridad a este grupo, que llegó con un solo objetivo: apalancar sus negocios y sacar ventaja de las iniciativas para la movilización de recursos privados con el pretexto de cerrar brechas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), tal como se establece en el comunicado del International Business Forum. Es decir, más de lo mismo.
El principal objetivo de FfD4, para LATINDADD y organizaciones aliadas -tal como se presentó en la conferencia de prensa realizada en ese marco-, fue impulsar el fortalecimiento del multilateralismo para que la toma de decisiones sobre políticas económicas globales se traslade a un espacio democrático, como el que se da en las Naciones Unidas, bajo el principio de «un país, un voto», en lugar de «un dólar, un voto», con el fin de lograr una reforma sistémica de la arquitectura financiera global; sin embargo, esta oportunidad se perdió en Sevilla, ya que el papel creciente de las Naciones Unidas en la arquitectura financiera no recibió pleno apoyo y se vio reducido durante las negociaciones. El Compromiso de Sevilla es el resultado de las negociaciones previas, y, por más que hubo esfuerzos de países y bloques del Sur global por colocar algunas propuestas más de avanzada y ambiciosas, al final primaron los intereses y prioridades de poder del Norte global y del sector privado por sobre el resto del mundo.
Los principales argumentos que se esgrimieron de parte de los países “desarrollados” se apoyaron en la idea de no duplicar los esfuerzos que ya están en curso, lo cual fue la principal limitante para lograr un resultado ambicioso y acorde con los desafíos de estos tiempos, manteniendo la situación actual con cambios superficiales, en lugar de apoyar reformas reales a largo plazo. Se dejó de lado una vez más el protagonismo que podría tener la ONU en definir asuntos económicos y financieros y se optó por mantener el poder de las instituciones donde no existe voz y voto equitativo del Sur Global, en particular el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Club de París y el G20. Esto afecta también a la población, especialmente a las mujeres y a grupos históricamente marginalizados, cuyas principales demandas quedaron relegadas al no garantizarse el financiamiento suficiente.
A pesar de lo negativo ya expuesto, algunos de los acuerdos alcanzados en FfD4 pueden considerarse como pequeñas batallas ganadas, gracias en gran parte a las propuestas y demandas desde la sociedad civil, y que representan oportunidades concretas a las cuales se les debe hacer seguimiento para que sean efectivamente implementadas.
Entre los asuntos clave a destacar se encuentra el tema que lideró la agenda desde el inicio del proceso: la deuda. La principal demanda de varios bloques y países del Sur, como el Grupo Africano, AOSIS, Egipto, Brasil, Pakistán y Cuba, fue la creación de una Convención Marco en las Naciones Unidas sobre Deuda Soberana. Esta propuesta fue bloqueada principalmente por la Unión Europea (UE), el Reino Unido y Canadá, lo que llevó a un acuerdo final de establecer un proceso intergubernamental que brinde recomendaciones para una reforma de la arquitectura de la deuda.
La deuda también presenta otros temas importantes que requieren atención. Entre ellos, el Foro de Deudores, de alguna manera inspirada en la idea del Club de Deudores surgida en los años 80; la implementación de los principios de responsabilidad en el endeudamiento, basados en los principios de la UNCTAD; una revisión del Análisis de Sostenibilidad de la Deuda del FMI; cláusulas contingentes para la suspensión del servicio de la deuda; y un registro global de datos de deuda en el Banco Mundial. Una ausencia importante es la cancelación del servicio para los países con dificultades de deuda.
Estos acuerdos aún están lejos de ser cambios sistémicos en la arquitectura de la deuda para prevenir y resolver la crisis de deuda, sin mencionar que la mayoría de ellos todavía están en manos de las instituciones financieras internacionales (IFIs), donde el poder de cuotas tiene predominio en las decisiones, por lo que hay un riesgo alto de continuar con un enfoque centrado en los acreedores.
Entre otros temas clave que merecen la pena considerar en el Compromiso de Sevilla como parte del capítulo de temas sistémicos, se encuentran la regulación de las Agencias de Calificación Crediticia (CRA por sus siglas en inglés) y las reformas en su metodología y transparencia, así como el llamado a la elaboración de un Manual que proporcione directrices operativas que fortalezcan el papel de los Derechos Especiales de Giro (DEG) en el financiamiento al desarrollo.
En cuanto a la cooperación internacional y el acceso al financiamiento concesional que necesitan los países en desarrollo para cumplir con los compromisos de la Agenda 2030, el documento de resultado recomienda alcanzar el 0,7 % del Ingreso Nacional Bruto (INB) comprometido por los países desarrollados, aunque esto se da en un contexto en que la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) viene reduciéndose, habiéndose realizado anuncios de incremento en el gasto militar por varios países del Norte, lo cual plantea una gran incógnita en cuanto a la voluntad política de que esta meta se vaya a lograr. Aún así, se planteó también alcanzar entre el 0,15% y el 0,20% del INB de los donantes en la AOD para los países menos adelantados; que la participación privada no puede sustituir la AOD; y que la Cooperación debe respetar la soberanía de los países, sin condicionalidades, ni injerencia interna de los países. El documento refiere a una versión revitalizada del Foro sobre Cooperación para el Desarrollo de ONU, pero no le otorga capacidad de establecer normas relativas a la AOD. Por el contrario, el documento refiere al ‘proceso de examen’ del Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), un club exclusivo que carece de legitimidad para gobernar la AOD y hacer que los países ricos rindan cuentas.
El cuanto al tema de comercio, se insiste en la necesidad de avanzar en la reforma integral de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y en materia de los acuerdos de comercio e inversión, se plantea una demanda histórica de la sociedad civil global, como es el llamado a reformar los mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y Estados, pero se sigue apoyando en instituciones que no han implementado reformas. Aunque no se define en qué dirección debe ir dicha reforma, abre el camino para avanzar en la lucha por la eliminación de dichas cláusulas lesivas para los países del Sur global.
Otro aspecto importante del documento es la necesidad de tomar en cuenta mediciones que vayan más allá del Producto Interno Bruto (PIB) -algo que fue señalado por casi todos los países de la región-, de modo que reflejen las diversas dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo sostenible, incluyendo el trabajo no remunerado de las mujeres invisibilizado en el cálculo del PIB. Este cambio será crucial para incluir criterios que reflejen las vulnerabilidades ocultas bajo un indicador que solo toma en cuenta el ingreso per cápita, algo vital para los países de América Latina y el Caribe (ALC) clasificados como países de ingreso medio según esta medida.
En cuanto al rol de la inversión privada para cerrar las brechas financieras, la iniciativa planteada de los “miles de millones a billones” en el FfD3 en Adís Abeba, no se han venido cumpliendo a pesar de que ya pasaron 10 años; sin embargo, las negociaciones de Sevilla han estado marcadas por la insistencia en incentivar a la inversión privada, a costa de los riesgos fiscales para los presupuestos públicos de los países en desarrollo para garantizar la rentabilidad privada.
En materia de tributación, el “Compromiso de Sevilla” sostiene que para movilizar eficazmente recursos públicos nacionales y maximizar su impacto en el desarrollo sostenible, es crucial que los países fortalezcan sus sistemas fiscales, promuevan la progresividad, desarrollen resiliencia financiera a largo plazo y los alineen con objetivos de sostenibilidad, utilizando datos y estadísticas para respaldar las decisiones.
En este sentido, alienta a la participación de los países en las negociaciones de la Convención Tributaria de la ONU con el objetivo de fortalecer la cooperación tributaria internacional de manera inclusiva y eficaz. También sugiere la aplicación de esfuerzos y recursos en el combate a la evasión de impuestos de personas con un patrimonio neto elevado, y alienta a tomar medidas para terminar con los paraísos fiscales y las lagunas legales que promueven los flujos financieros ilícitos y al abuso fiscal. En otro orden, el documento insta a promover una tributación efectiva de los recursos naturales que maximice los ingresos nacionales, reafirmando la soberanía plena y permanente de cada Estado sobre su riqueza, recursos naturales y actividades económicas. Finalmente, destaca la importancia de monitorear y evaluar los presupuestos con perspectiva de género, fortaleciendo capacidades para identificar y corregir sesgos de género en los sistemas tributarios, junto con el desarrollo de competencias.
También aborda la necesidad de implementar en los países registros de beneficiarios finales e intercambio de información financiera que otorgarían al objetivo de sistemas tributarios alineados con los ODS una mayor eficacia en el cumplimiento. Señala además que las multinacionales paguen impuestos en las jurisdicciones en donde generan su actividad económica y se insiste en el fortalecimiento de las Administraciones Tributarias para lograr lo anteriormente mencionado. Por último, se hace hincapié en la necesaria asistencia técnica para que los países puedan implementar y monitorear estas medidas.
De manera particular, en materia de la agenda ecológica, el Compromiso de Sevilla solo hace referencia a Convenciones que abordan temas climáticos y ambientales, haciendo un llamado a incrementar la ambición en la acción y el financiamiento de todas las fuentes, sin especificar la importancia de garantizar la provisión de recursos públicos, altamente concesionales o que no generen deuda, de los países del Norte que han sido históricamente los principales causantes de dichas crisis, en línea con el principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas. Dicho principio fue incluido y reconocido en el texto final, pero lamentablemente su inclusión en el texto fue utilizada por los países del Norte para que los países del Sur retrocedan en algunas propuestas más ambiciosas relacionadas a otros temas de negociación, como lo fue la Convención Marco en las Naciones Unidas sobre Deuda Soberana.
También lamentamos que el documento final promueva falsas soluciones como los canjes de deuda por clima y naturaleza, el financiamiento privado como salvador, y que no promueva los cambios y transformaciones sistémicas necesarias para abordar las crisis ambientales en el poco tiempo que le queda a la humanidad. No se trata solo de garantizar mayor financiamiento para esas agendas, que debería ser adicional a otros compromisos internacionales ya existentes como la Ayuda Oficial al Desarrollo, se requiere urgentemente eliminar gradualmente los combustibles fósiles; garantizar la reducción real de emisiones de Gases de Efecto Invernadero, principalmente en los países del Norte que son los principales responsables; garantizar una transición energética justa e inclusiva, que no profundice el extractivismo en los países del sur, especialmente en relación a minerales críticos y otros materiales usados para las nuevas tecnologías y transformar los sistemas económicos y financieros globales, para promover un camino de desarrollo que sea respetuoso con los límites planetarios, los derechos de la naturaleza y los derechos de los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las comunidades locales, las mujeres, los niños y niñas, la juventud y todas aquellas personas que están en la primera línea de la emergencia. Lamentablemente esos temas no fueron incluidos en el Compromiso de Sevilla.
El Foro Feminista y el Foro de la Sociedad Civil, realizados días previos a la reunión oficial, así como los eventos paralelos en los que se ha participado, marcan de alguna manera el derrotero de lo que buscamos como sociedad civil organizada, con un contenido que representa el acumulado de los debates y los intercambios con organizaciones de todo el globo, con énfasis especial en las demandas del Sur global. Para la región latinoamericana de manera específica, el evento paralelo “Opciones y retos para un financiamiento del desarrollo justo para ALyC” co-organizado por LATINDADD, CEPAL y Brasil, con la participación además de UNCTAD y Colombia, planteó problemas y soluciones para la deuda y la tributación, constituyendo una base importante para continuar trabajando en estas áreas, tanto con gobiernos como con Naciones Unidas y la sociedad civil.
La crisis actual y sus impactos sobre las personas y el planeta exigen la implementación inmediata de los acuerdos positivos alcanzados, con una clara voluntad de ir más allá, y encaminarse hacia verdaderas reformas sistémicas. La Plataforma de Acción de Sevilla y sus más de 130 iniciativas puede representar una oportunidad para que esos acuerdos se tornen en acciones concretas.
Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) son actores clave para aportar en análisis y propuestas, pero también deben tener un rol activo en exigir la rendición de cuentas. En Sevilla, exigieron su derecho a tener voz y participar en el proceso de seguimiento, a lo cual se sumó la acción de protesta in situ donde se hizo un llamado a los responsables de la toma de decisiones de FfD4 por lograr acuerdos que contribuyan con la justicia económica y la reparación histórica Norte-Sur, que prioricen la vida y los derechos humanos para las próximas generaciones y el planeta.
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