El Congreso argentino aprobó esta semana, con 129 votos a favor y 108 en contra, el decreto presidencial que habilita al Gobierno de Javier Milei a negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Con este aval, el equipo económico deberá definir los términos finales del programa, incluyendo el monto del crédito y posibles cambios en la política cambiaria, en un contexto de incertidumbre financiera y una economía frágil en busca de recursos.
El gobierno consiguió la aprobación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en la Cámara de Diputados. A diferencia de un proyecto de ley, un DNU solo necesita la aprobación en una de las Cámaras. De esta manera, el gobierno evitó pasar por la Cámara del Senado donde tiene debilidad. Ambas Cámaras deben aprobar cualquier crédito externo teniendo conocimiento de toda la información referente al mismo. Por ello, resulta particularmente problemático que se apruebe un DNU sin dar a conocer el monto, plazo y condiciones del mismo.
“Un mayor endeudamiento con el FMI puede ocasionar que se repitan errores del pasado, que siempre traen altos costos sociales. Un proceso de endeudamiento debe darse de manera informada y responsable, pero en el escenario actual estas características están absolutamente ausentes y esto pone bajo la lupa la legalidad del DNU”, advirtió Daniela Berdeja, analista en temas de deuda del área de Nueva Arquitectura Financiera de la Red Latinoamericana y del Caribe por Justicia Económica, Social y Climática – Latindadd.
“Este nuevo acuerdo con el FMI representa la profundización de una serie de ajustes —recortes— del gasto público relacionados con el sistema de salud, donde se ha recortado el acceso a medicamentos para el cáncer; en educación, donde redujo el presupuesto para formación tecnológica, en desarrollo productivo, en universidades y jubilaciones. Al mismo tiempo, Milei aumenta la presión tributaria gracias al incremento de impuestos sobre los sectores medios y otorga rebajas y exoneraciones al sector privado empresarial y a personas de altos patrimonios”, señaló Adrian Falco, el coordinador del área de justicia fiscal de Latindadd.
El avance de este nuevo acuerdo con el FMI no solo profundiza las medidas de ajuste, sino que también reaviva cuestionamientos sobre la legalidad y legitimidad del proceso de endeudamiento en Argentina. Mientras el gobierno de Milei busca consolidar su estrategia financiera, el debate sobre la transparencia, la sostenibilidad de la deuda y las consecuencias de las políticas de ajuste sigue abierto: regresividad tributaria, ajuste del gasto público (austeridad) y endeudamiento son las claves del gobierno libertario. El FMI exige ajuste y el gobierno de Milei cumple.
