Klelia Guerrero*
Tras años de crisis superpuestas –pandemia, recesión económica y retrocesos en materia de Derechos– el 2025 es clave para continuar impulsando una agenda de justicia fiscal con perspectiva de género en América Latina y el Caribe, y en el mundo. La premisa de esta agenda es sencilla pero poderosa: reestructurar las políticas tributarias y de gasto público para reducir desigualdades de género y financiar servicios esenciales que repiensen la distribución social del cuidado y, con ello, mejoren la vida de las mujeres y poblaciones con identidad o expresión de género diversa. Este enfoque parte del reconocimiento de que los sistemas fiscales actuales suelen agravar la desigualdad, con cargas impositivas que recaen más sobre las mujeres y personas con identidades de género diversas en situación de pobreza, y recaudación insuficiente que limita la inversión social. Por ello, movimientos feministas y redes de justicia fiscal confluyen en la idea de que sin justicia fiscal no habrá igualdad sustantiva.
El contexto internacional ofrece oportunidades inéditas y también tensiones políticas. Por un lado, se inaugura un proceso histórico en la ONU para acordar reglas tributarias globales más justas –un espacio donde América Latina, junto a otros países del Sur Global, busca incidir con voz propia-. Por otro lado, eventos regionales como la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de CEPAL en México ponen en el centro la economía del cuidado, subrayando la urgencia de financiar adecuadamente las políticas de igualdad. A la par, el sistema multilateral se prepara para la Cuarta Conferencia sobre Financiamiento para el Desarrollo (FfD4) en Sevilla, una plataforma para transformar la arquitectura financiera internacional con perspectiva de género.
Sin embargo, no todo es avance: también emergen resistencias que amenazan con frenar esta agenda transformadora. En las secciones siguientes mapeamos los principales procesos de 2025, así como las oportunidades y desafíos que representan para fortalecer una justicia fiscal feminista en la región.
Una Convención Fiscal de la ONU en camino
Un hito destacado de 2025 son las negociaciones para una Convención Marco de la ONU sobre Cooperación Fiscal Internacional. Este proceso surge tras décadas de normas tributarias dictadas por foros excluyentes: hasta ahora, la OCDE había fijado las reglas fiscales a puerta cerrada, sin participación de la mayoría de países del Sur Global. El resultado ha sido un sistema sesgado e ilegítimo, que facilita la evasión y erosiona las bases impositivas de nuestros países. No es casualidad que se estimen pérdidas cercanas a 500 mil millones de dólares anuales en ingresos fiscales a nivel mundial por el abuso de paraísos fiscales por corporaciones multinacionales y grandes fortunas.
Esto socava la capacidad de los Estados para financiar bienes públicos, con impacto desproporcionado en las mujeres y personas con identidades de género diversas: cuando faltan fondos se recortan programas sociales, y son las mujeres –especialmente las de menores ingresos– quienes asumen las cargas de cuidado que el Estado abandona. Así, reescribir las normas fiscales globales bajo un paraguas inclusivo de la ONU es una oportunidad histórica para corregir estas injusticias.
Tras aprobar la resolución que dio luz verde a las negociaciones de la Convención Fiscal de la ONU en 2023,en 2024 se acordaron los Términos de Referencia que trazan la hoja de ruta y alcance del futuro tratado, incluyendo negociar protocolos sobre economía digital y, potencialmente, sobre flujos financieros ilícitos o tributación de grandes patrimonios. Con solo 8 países oponiéndose en esa etapa, quedó de manifiesto un creciente consenso global –liderado por el Sur Global– a favor de un sistema tributario internacional más inclusivo, transparente y equitativo. Las negociaciones se extenderán hasta 2027, con discusiones clave sobre cómo tomar decisiones de forma democrática evitando que una minoría bloquee acuerdos ambiciosos.
Para el movimiento de justicia fiscal y de derechos de las mujeres, esta Convención es mucho más que un tema técnico: es una oportunidad de consagrar principios de igualdad de género en las normas fiscales globales.
La agenda de cuidados en la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer
Otro espacio central en 2025 es la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL y ONU Mujeres, que se llevará a cabo en Ciudad de México del 12 al 15 de agosto de 2025. Estas conferencias, que reúnen cada tres años a gobiernos y movimientos de la región, dan paso a compromisos políticos en materia de igualdad de género. En esta décimo sexta edición, el tema elegido no podría ser más pertinente: “las transformaciones en los ámbitos político, económico, social, cultural y ambiental para impulsar la sociedad del cuidado y la igualdad de género”.
La relevancia fiscal de esta agenda es enorme. Construir una sociedad del cuidado implica invertir recursos públicos en sistemas integrales de cuidados, salud, educación y otros servicios básicos. Para ello, los Estados deben contar con espacio fiscal suficiente, aumentando la recaudación progresiva y priorizando el gasto social. Un antecedente a destacar es el Compromiso de Buenos Aires (2022), de la anterior Conferencia Regional, donde los gobiernos reconocieron la crisis de los cuidados y la necesidad de un nuevo pacto social que la aborde. Esta edición debe pasar del diagnóstico a la acción, por lo que el foro medirá la voluntad de los Estados de asignar recursos a la igualdad de género en un contexto de restricciones presupuestarias.
Hacia la IV Conferencia de Financiamiento para el Desarrollo (FfD4)
A escala global, el 2025 trae la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo (FfD4), convocada por la ONU y que se celebrará en Sevilla del 30 de junio al 3 de julio de 2025. Esta cumbre de alto nivel busca estructurar la movilización de recursos públicos y privados para alcanzar la Agenda 2030, con temas como recaudación tributaria, alivio de deuda, cooperación internacional, finanzas públicas y transiciones justas.
Desde Latindadd se impulsa que FfD4 incluya compromisos firmes para:
- Aliviar la deuda insostenible que limita la inversión social.
- Incrementar la Ayuda Oficial al Desarrollo hacia políticas que consagren la equidad para todas las personas, sin discriminación por género, identidad o expresión de género.
- Apoyar impuestos globales (transacciones financieras, riqueza, economía digital).
- Respaldar la Convención Fiscal de la ONU como base normativa.
Otras iniciativas y espacios de justicia fiscal feminista en 2025
- Global Days of Action por la Justicia Fiscal de las Mujeres (7–21 de marzo 2025): se llevó a cabo la novena edición de esta campaña global organizada por la Global Alliance for Tax Justice (GATJ) y su Tax & Gender Working Group bajo el lema “Progressive Taxation for an Inclusive and Just Social Organisation of Care”. En este mismo espacio, en 2025, se publicará el tercer volumen de su publicación ‘Framing Feminist Taxation’: Making Taxes Work for Women.
- WEDO – Feminist Action Nexus for Economic and Climate Justice: la organización lanzó en 2025 un advocacy brief que conceptualiza un enfoque fiscal progresivo, feminista, ecológico y decolonial, destacando su aporte en foros como la Convención Fiscal de la ONU y el FfD4 (wedo.org).
- DAWN – Red feminista del Sur Global: promueve un enfoque feminista en la financiación para el desarrollo, incluyendo justicia fiscal y ambiental, con especial énfasis en la participación del Sur Global (dawnfeminist.org).
- Redes como AWID (participando en foros como el CSW) y Feminist Task Force continúan articulando debates sobre impuestos y derechos económicos, contribuyendo a empoderar la conversación sobre justicia fiscal y género (awid.org).
- WECAN celebrará la Asamblea Mundial de Mujeres por la Justicia Climática: camino hacia la COP30 y más allá, en junio de 2025. La convocatoria mundial abordará soluciones para la protección y defensa de los derechos humanos y la naturaleza en este momento crítico (https://www.wecaninternational.org/).
2025: año de clave para la Justicia Fiscal con Perspectiva de Género en América Latina y el Caribe
El mapeo anterior muestra que 2025 es un año de definiciones para la justicia fiscal feminista. Las oportunidades están ahí: el desafío es convertir declaraciones en compromisos y compromisos en financiamiento real. Algunas de las recomendaciones generadas desde la sociedad civil en esta línea, pueden resumirse en las demandas promovidas durante los GDOA para impulsar la justicia fiscal con perspectiva de género:
- Tributación progresiva: “solicitamos impuestos progresivos que aseguren que individuos y corporaciones más ricos paguen lo justo, creando espacio fiscal para financiar una sociedad del cuidado transformadora”.
- Incorporar cláusulas de género en la futura Convención Fiscal de la ONU: “exigimos que la Convención incluya consideraciones de igualdad de género en todas las disposiciones correspondientes”.
- Aumentar inversión pública en sistemas de cuidado: “reclamamos que los gobiernos incrementen sustancialmente los fondos para infraestructura y condiciones laborales dignas del personal de cuidado”.
- Reconocer y valorar el trabajo de cuidados no remunerado: “demandamos que el valor del trabajo de cuidado, remunerado y no remunerado, se reconozca e integre en los indicadores económicos nacionales y globales”.
- Garantizar igualdad de género en sistemas tributarios y servicios públicos: “instamos a reformas fiscales que redistribuyan cargas hacia quienes más tienen, destinando los fondos a servicios públicos con enfoque de género”.
Adicionalmente, como sociedad civil, activistas y ciudadanía, podemos:
- Informar y visibilizar estos debates en espacios comunitarios y educativos.
- Incidir políticamente participando de consultas y vigilando compromisos.
- Construir presión sostenida, desde campañas pedagógicas hasta movilizaciones.
- Actuar en red, sumándonos a plataformas que fortalecen la incidencia colectiva.
La justicia fiscal con perspectiva de género es posible: requiere voluntad política y ciudadanía activa. Si 2025 es ese año clave, sumémonos para que pagar impuestos sea sinónimo de bienestar común y derechos reparados. ¡La transformación empieza ahora!
*Klelia Guerrero es especialista de Justicia Fiscal y de Género del área de Justicia Fiscal en la Red Latinoamericana y del Caribe por Justicia Económica, Social y Climática – Latindadd.
