Latindadd

Pronunciamientos

¿Podemos esperar algo de la Cumbre del Nuevo Pacto Financiero Global y la Iniciativa Bridgetown?

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  • Posición de LATINDADD sobre las propuestas de reforma de la arquitectura financiera internacional en el marco de la Conferencia de Cambio Climático SB58 en Bonn y rumbo a la COP28.

LATINDADD ha venido trabajando en la promoción de una Nueva Arquitectura Financiera vinculada al clima y la Agenda 2030, siguiendo muy de cerca los procesos relacionados con la Iniciativa Bridgetown, presentada por el gobierno de Barbados en diferentes versiones, y la Cumbre del Nuevo Pacto Financiero Global que tendrá lugar en 22 y 23 de junio, en París, bajo los auspicios del gobierno francés.

En un principio encontramos ambas iniciativas como espacios interesantes para discutir y debatir propuestas de reforma financiera global, pero desafortunadamente, el contenido y la gobernanza relacionada con ambas, principalmente con la Cumbre de París, ha sido decepcionante y alejada de nuestras expectativas, considerando que, por ejemplo, promueven la expansión de la participación de los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) a través de más préstamos, el incentivo a las inversiones del sector privado y el financiamiento combinado (“blended finance”), entre otras cosas, que revelan la intención de usar la “emergencia climática” como una excusa para profundizar alternativas que LATINDADD y otros movimientos de justicia económica han estado criticando durante tanto tiempo, porque no representan ni contribuyen a una verdadera transformación estructural de la arquitectura financiera internacional.

A. Nuestras reacciones a la Cumbre del Nuevo Pacto Financiero Global (la «Cumbre de Macron»)

LATINDADD ha decidido no participar en la Cumbre del Nuevo Pacto Financiero Global principalmente por las siguientes razones:

Sobre la gobernanza:

  • Es un espacio antidemocrático que desvía la atención del único espacio multilateral oficial que puede promover una verdadera transformación de la gobernanza sistémica, financiera y económica: las Naciones Unidas.
  • Observamos la falta de participación del Sur Global durante todo el proceso y el espacio limitado para que participen las organizaciones de sociedad civil (OSC) del Sur Global (solo 200 lugares se distribuirán entre las OSC, el sector privado y otras partes interesadas para participar presencialmente en el evento).
  • Refuerza la influencia colonial y neocolonial que tiene un país como Francia, considerando que aún tiene poder político y control sobre países como Guyana en El Caribe.
  • Ofrece una distracción del contexto nacional de conflicto político y social que ocurre en Francia.
  • No dará lugar a ningún acuerdo internacional vinculante, sino únicamente a discursos y “buenas intenciones”, como en oportunidades anteriores.
  • Nos aleja del enfoque de justicia climática y no se basa en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, bajo el cual los dueños de la deuda climática y ecológica histórica, países del Norte Global como Francia, deberían estar haciendo los máximos esfuerzos para detener las crisis ambientales, principalmente la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, y para reparar todo el sufrimiento que están causando en el Sur Global.

Sobre el contenido y las propuestas:

  • Promueve más préstamos para aumentar el espacio fiscal, a pesar de que los niveles de la deuda han ido aumentando peligrosamente en los países del sur para enfrentar la crisis múltiple. Bajo la arquitectura financiera actual, los mecanismos de endeudamiento son un medio de control neocolonial.
  • También promueve el financiamiento privado y los mecanismos financieros combinados (blended finance) como la solución para cerrar la brecha para financiar las agendas 2030 y climática, descuidando la plena responsabilidad que tienen países como Francia respecto a la histórica deuda ecológica y climática, y su falta de cumplimiento de los compromisos internacionales que han asumido en relación a la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) y el financiamiento climático, que deberían provenir principalmente de fuentes públicas.
  • Fomenta el uso de más recursos públicos para “eliminar el riesgo” de las inversiones del sector privado, considerando que el financiamiento privado es una panacea para financiar el desarrollo, reduciendo en realidad cantidades importantes de dinero que podrían ir directamente a financiar servicios públicos y medidas de adaptación.
  • Bajo el mismo enfoque capitalista que causó todas las crisis ambientales que el mundo está sufriendo en este momento, promueve mecanismos de mercados de carbono más sólidos, que en realidad han demostrado ser soluciones falsas para reducir efectivamente las emisiones de CO2 en todo el mundo.
  • Fomenta el uso de canjes de deuda por clima y naturaleza, sin abordar al mismo tiempo los vacíos en cuanto a transparencia e integridad en transacciones que, adecuadamente implementadas, podrìan contribuir en una pequeña escala a objetivos especìficos pero que, en general, han demostrado ser ineficaces para lograr reducciones importantes de los niveles del peso de la deuda en los presupuestos; más aún si son esquemas que priorizan intereses del sector privado, como el caso del reciente canje de deuda por naturaleza en Ecuador y Belice, que podrían dañar la soberanía del país deudor e implicar riesgos relacionados con la falta de transparencia e integridad en las negociaciones de la transacción.
  • Promueve nuevas cláusulas contingentes relacionadas a clima y pandemia para nuevos préstamos, que serán útiles en eventos futuros, pero no resolverán el problema con las deudas actuales. Además, como ya se han utilizado en el pasado, no son un instrumento innovador.
  • Propone nuevos esquemas que involucren Derechos Especiales de Giro (DEGs), pero solo están enfocados en recanalizar los DEG existentes, bajo el mismo mecanismo que impulsa el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Fondo para la Resiliencia y la Sostenibilidad (RST por sus siglas en inglés), lo que derivará en más préstamos con condicionalidades para países del Sur Global, aumentando injustamente la carga de la deuda. Latindadd pide una nueva asignación de DEG para ayudar a los países de bajos y medianos ingresos a enfrentar las múltiples crisis actuales.
  • Promueve el uso de nuevos esquemas impositivos ambiciosos, poniendo el mecanismo de ajuste en frontera de carbono de la Unión Europea (CBAM por sus siglas en inglés) como una alternativa clave, cuando hay muchas críticas a este esquema desde la perspectiva del Sur Global considerando, por ejemplo, los riesgos de proteccionismo comercial que conlleva y que perjudican a los países en desarrollo.
  • Finalmente, no hemos visto consideraciones de género, el tema de daños y pérdidas por cambio climático, y las necesidades de adaptación para los países del Sur Global, que deberían ser consideradas una prioridad en este proceso, lo que revela los intereses de los países e instituciones detrás de la organización de la Cumbre.

B. Nuestras reacciones a la Iniciativa Bridgetown

La Iniciativa Bridgetown (IB) ha ganado mucha atención desde que se publicó por primera vez en 2022, estableciendo 3 pasos para lograr una reforma de la Arquitectura Financiera Global, pero el contenido de la propuesta ha estado en constante evolución, con una nueva versión no oficial circulada durante las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial en 2023, con 10 propuestas principales, y un documento de consulta de la versión 2.0 preparado en mayo 2023, aún no publicado pero anunciado por la Primera Ministra de Barbados, Mia Motley, el 26 de abril, durante un evento con el Secretario General de la ONU, que destaca seis puntos clave, alineados al plan de estímulo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La versión no oficial compartida en abril, evalúa la forma de publicar una nueva narrativa que podría obtener más apoyo de diferentes partes interesadas, lo que revela un problema grave: las versiones en evolución de IB han estado respondiendo al interés de los países ricos y las instituciones de Bretton Woods, dejando de lado la esencia que en un principio la convertía en una propuesta interesante: la perspectiva del Sur Global para una nueva reforma de la arquitectura financiera y una propuesta desde la mirada de una isla caribeña pequeña y altamente vulnerable a la crisis climática.

Un ejemplo de ello es lo alineado que está la última versión disponible de la IB con las propuestas del Nuevo Pacto Global Financiero y con el plan de estímulo de los ODS de la ONU.

Con base en la última versión no oficial de la IB y el documento de consulta, Latindadd resalta algunas críticas a las siguientes propuestas:

1. Brindar apoyo de liquidez inmediato, incluida la recanalización de al menos USD 100.000 millones de derechos especiales de giro no utilizados a través del FMI y los bancos multilaterales de desarrollo.

a. Recanalizar al menos USD 100.000 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG) no utilizados a través del FMI y los BMD: Esto podría ser positivo si el dinero se moviliza a países vulnerables a través de donaciones y no de préstamos, y sin condicionalidades. Sin embargo, el Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad (RST, por sus siglas en inglés) del FMI está utilizando préstamos y condicionalidades para recanalizar los DEG no utilizados, lo que no es justo para los países vulnerables que recibieron menos DEG, considerando los actuales criterios de distribución basados en la participación de cuotas en el directorio del FMI. Asimismo, sería bueno garantizar que los proyectos financiados con recursos del RST den prioridad a los grupos más vulnerables, por ejemplo, mujeres en toda su diversidad, niñez, juventud, pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades locales, personas con discapacidad, diversidad, pequeños productores rurales, migrantes, hogares de menores recursos, adultos mayores, entre otros.

b. Eliminación de la propuesta sobre una nueva emisión de DEG. Es lamentable que se haya eliminado de la IB la propuesta original de una nueva emisión de 500.000 millones de DEG (USD 650.000 millones). Latindadd considera la asignación de DEG como un instrumento muy importante que no genera deuda, para ayudar a los países que lo necesitan, por lo que es crucial promover una nueva emisión de DEG enfocada a la agenda climática y la agenda 2030, idealmente desvinculando los criterios de distribución de la base de cuotas y priorizando las vulnerabilidades multidimensionales y las necesidades de los países.

c. Suspensión inmediata de los sobrecargos de intereses del FMI por dos o tres años: Latindadd y sus aliados instan a revisar y eliminar por completo la política de sobrecargos del FMI. Durante este proceso de revisión, se debe cancelar el pago de todos los sobrecargos. Suspenderlos por algunos años no es suficiente.

d. Restaurar los límites de acceso mejorados establecidos por el FMI durante la pandemia para la Facilidad de Crédito Rápido y los Instrumentos de Financiamiento Rápido: Como se mencionó anteriormente, no estamos de acuerdo en un papel más fuerte del FMI, considerando las conocidas condicionalidades vinculadas a sus programas, y teniendo en cuenta que este tipo de instalaciones otorgarán préstamos, lo que aumentará la carga de la deuda, que ya es alta. Por lo tanto, Latindadd insta a la reestructuración de la deuda y la cancelación del servicio de la deuda a todos los países que lo necesiten, incluidos los países de ingreso bajo y medio, así como a los acreedores privados y oficiales.

2. Restaurar la sostenibilidad de la deuda hoy y en el largo plazo y apoyar a los países en la reestructuración de su deuda con tasas de interés bajas a largo plazo.

a. El último documento de consulta insta a rediseñar el Marco Común de reestructuración de la deuda, lo que incluye acelerar el alivio y la cancelación de la deuda con plazos fiables, moratorias del servicio de la deuda y «cláusulas del acreedor más favorecido», y permitir que los países de ingreso medio con problemas de deuda hagan uso del Marco Común. El marco común ha demostrado ser insuficiente, considerando sus fallas iniciales de diseño que deben ser abordadas para un rediseño: se basa en un proceso largo donde los países tienen un poder de negociación limitado; la participación de los acreedores privados debe ser vinculante; debe incluir países de ingresos medios no sólo en situación de sobreendeudamiento, sino también en alto riesgo considerando también otras vulnerabilidades; desvincular el proceso de los programas del FMI y evitar las condicionalidades que ello implica. El Marco Común actual no es adecuado para su propósito y conlleva negociaciones en condiciones antidemocráticas, no independientes e injustas. Rediseñarlo podría ser una mejor opción, más alineada con las expectativas del movimiento de justicia económica, pero no necesariamente tiene que ser el Marco Común, como se propone en IB, puede desarrollarse otra alternativa. Lo que se necesita es avanzar con decisión hacia espacios más democráticos y eliminar las asimetrías de poder que están en el centro de los problemas de fondo. Proponemos y abogamos por el establecimiento de un mecanismo multilateral de resolución de la deuda. En particular, proponemos la creación de una junta internacional de arbitraje para deudas soberanas bajo los auspicios de la ONU, que garantice la participación de acreedores oficiales y privados. Latindadd también pide una cancelación del servicio de la deuda por un período de dos a cuatro años para todos los países que lo necesiten, incluidos los países de ingresos medios, e involucrando tanto a acreedores privados como oficiales.

b. Exige al FMI que fomente la reestructuración de la deuda privada insostenible a través de programas del FMI que sean consistentes en todos los países y que tengan planes de sostenibilidad fiscal más impulsados localmente. Por lo general, durante los procesos de reestructuración de la deuda, los programas del FMI terminan rescatando a los acreedores privados y no a los países deudores. Debido a la importancia de los acreedores privados en la deuda soberana, existe la necesidad de que el FMI y el G20 brinden apoyo financiero y político a los países deudores para tratar con estos acreedores durante las negociaciones, cuando sea necesario. Por ejemplo, a través de la moratoria automática del servicio de la deuda hasta llegar a un acuerdo, que debería ser exigible tan pronto como el deudor se acoja al Marco Común o inicie un proceso de reestructuración, haciendo que cualquier reestructuración de la deuda sea más efectiva en términos de ampliar la participación de los acreedores y acelerar la tasa de interés para llegar a acuerdos sobre la comparabilidad del trato.

c. También llama al FMI a: refinar el Análisis de Sostenibilidad de la Deuda (ASD), incluyendo la adopción de cambios que permitan que las inversiones que crean ahorros futuros tengan una ponderación menor que otra deuda. El análisis de sostenibilidad de la deuda necesita un enfoque más integral de acuerdo al panorama actual de la deuda, incluyendo consideraciones climáticas y de desarrollo, pero no solo aquellas relacionadas con la inversión necesaria para lograr la resiliencia, sino también considerando los riesgos climáticos, las necesidades financieras para lograr una transformación verde justa en el Sur Global, y los impactos negativos que tiene el endeudamiento al limitar el gasto público en el avance de las agendas climática y de los ODS. Exigimos un nuevo enfoque para la sostenibilidad de la deuda, uno que más allá de velar por el pago del servicio de deuda, tenga como núcleo el desarrollo, los derechos humanos, la justicia de género y las vulnerabilidades climáticas. El marco de ASD actual con frecuencia se basa en proyecciones optimistas y no tiene en cuenta con precisión los factores exógenos, como el costo de la inacción por parte de los países industrializados que acelera la crisis climática y afecta los pagos de la deuda de los países de ingresos bajos y medianos. Además, el enfoque actual promueve medidas de austeridad en los países deudores para mantener niveles de deuda ‘sostenibles’. Desde nuestra perspectiva, las deudas nunca deben considerarse “sostenibles” si limitan la capacidad y los derechos de las personas para acceder a alimentos, agua, energía, salud, educación, medio ambiente sano y seguridad, entre otros. También abogamos por análisis alternativos de sostenibilidad de la deuda preparados por instituciones internacionales y multilaterales, así como por gobiernos nacionales.

d. La IB exige a los acreedores públicos, multilaterales y privados que adopten cláusulas de desastres naturales neutrales de costo cero y valor actual neto en todos los instrumentos de préstamo para que sean más amortiguadores. Estas cláusulas serán útiles en eventos futuros, pero no resolverán el problema con las deudas actuales.

e. También refinanciar deuda a alto interés y a corto plazo con garantías de crédito y plazos más largos. Este tipo de refinanciamiento puede ayudar con los problemas de deuda a corto plazo, pero no brindará una solución duradera. Requerirá mayor transparencia y atenderá los intereses de los países más que los de los acreedores. Además, ninguno de estos procesos debería implicar la profundización del extractivismo de los países (por ejemplo, el caso de Surinam).

f. Los Estados miembros de la ONU deben acordar nuevos recursos internacionales (ya sean impuestos, cargos u otras fuentes) para financiar el Fondo de Daños y Pérdidas de la CMNUCC hasta USD 100.000 millones por año. Es muy importante garantizar recursos adicionales para el nuevo Fondo de Daños y Pérdidas, de manera que esté operativo lo antes posible. Estos recursos deben ser predecibles, accesibles y deben ser movilizados a países climáticamente vulnerables solamente a través de subvenciones, y no préstamos. Consideramos que la mayoría de estos recursos deberían ser públicos, de países del Norte Global, en reconocimiento de su histórica deuda climática y ecológica con las personas y el planeta, pero también acogemos la idea de utilizar otros instrumentos como impuestos internacionales a las grandes corporaciones de combustibles fósiles y /o impuestos sobre la riqueza, siempre que estos impuestos sean progresivos y no se transfieran a los grupos de población de menores ingresos.

3. Movilizar más de USD1,5 billones por año de inversión del sector privado para la transformación verde.

a. El FMI y los BMD deberían reducir las excesivas primas de riesgo macroeconómico de los países en desarrollo con USD 100.000 millones al año en garantías de divisas para inversiones de transición ecológica justa y ampliar el apoyo a la preparación de proyectos, los instrumentos de reducción de riesgos, la financiación combinada y la financiación del déficit de viabilidad a fin de fortalecer la cartera de proyectos financiables de desarrollo y clima. Latindadd no está de acuerdo con la idea de tener al sector privado como la solución mágica para cerrar todas las brechas en el financiamiento. De hecho, somos muy conscientes de que los capitales privados se mueven guiados por la rentabilidad y el afán de generar riqueza a toda costa. Por lo tanto, las finanzas privadas y los mecanismos como las alianzas público-privadas (APPs) no son la solución, considerando los riesgos que representan y la falta de interés de estos inversionistas para financiar servicios públicos de alta calidad, resiliencia climática, medidas de adaptación y daños y pérdidas. Latindadd no está de acuerdo con el uso de dinero público o DEG para «eliminar el riesgo», reducir las primas de riesgo y administrar el riesgo cambiario a favor de atraer inversores privados garantizando su rentabilidad. Consideramos que el Just Green Transition, Financing Investment Trust o un JGT-FIT, propuesto en la versión no oficial de la IB, beneficiaría mayoritariamente al Norte Global y al sector privado, aumentando negativamente las brechas de desigualdad. La prioridad para los países del Sur Global debería ser la inversión pública en servicios públicos de alta calidad, medidas de adaptación climática, creación de resiliencia y abordar todas los daños y pérdidas derivados de las crisis climática y ambiental, que afectan de manera desproporcionada a los países del Sur Global vulnerables al clima.

4. Aumentar los préstamos de desarrollo del sector oficial para los ODS a USD 500.000 millones por año

a. Exige que el G20, los accionistas del Banco Mundial, los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) y el FMI implementen plenamente las recomendaciones de la Revisión del Marco de Adecuación de Capital (CAF por sus siglas en inglés), incluido el capital exigible y los DEG.

b. También colocar USD 100.000 millones adicionales de contribuciones de capital pagado en los BMD y recanalizar los DEG a los BMD, liderado por el Banco Africano de Desarrollo para septiembre de 2023.

c. Para aumentar el apalancamiento del balance de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), financiar completamente la Ventana de Respuesta a Crisis (USD 6.000 millones) para fines de 2023 e implementar una ampliación gradual de la AIF a USD 279.000 millones en la AIF 22.

d. Elevar los límites de acceso para el Fondo para el Crecimiento y la Reducción de la Pobreza y el Fondo para la Resiliencia y la Sostenibilidad.

e. Ir ‘más allá del PIB per cápita’ para capturar la vulnerabilidad en los criterios de elegibilidad de financiamiento y proporcionar préstamos a 50 años y de bajo costo para que los países vulnerables inviertan en resiliencia climática, lucha contra la fragilidad, preparación para pandemias, seguridad alimentaria e hídrica, acceso a energía renovable, y cerrar la brecha digital y otras formas de mayor resiliencia.

f. Simplificar y armonizar los procedimientos de préstamo entre los BMD y las IFI, aumentar el apoyo de primera línea a los países que acceden a los préstamos y financiar planes nacionales de desarrollo resilientes liderados por los países y programas multinacionales que protejan los bienes comunes mundiales.

Respecto a todos estos puntos, estamos de acuerdo con la propuesta de movilizar nuevos préstamos concesionales, priorizando los ODS en todas partes y construyendo resiliencia climática en países vulnerables al clima. Esto también debería beneficiar a los países de ingresos medios con graves problemas de deuda y alta vulnerabilidad climática. Sin embargo, expandir los préstamos de los BMD, en las mismas condiciones actuales, no es la solución, considerando que la deuda de países de ingreso bajo y medio del Sur Global se encuentra en una tendencia creciente, y en muchos casos en situación de sobreendeudamiento y riesgo de default. Sin una reestructuración y cancelación de la deuda, los nuevos préstamos, incluso si son concesionales, apalancarán el pago de deudas existentes, en gran parte con acreedores privados, sin resolver la necesidad de la inyección de recursos concesionales para abordar la crisis climática y sus impactos ahora. Este tipo de propuestas también nos alejan de los compromisos internacionales incumplidos que los países del Norte Global tienen sobre la AOD y la movilización de financiamiento climático. No debemos permitir que este tipo de propuesta nos aleje del principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas (CBDR por sus siglas en inglés), el enfoque de justicia climática y la demanda que tenemos de reparación inmediata por la histórica deuda climática y ecológica que el Norte tiene con el planeta y las personas, principalmente del Sur Global. Los BMD también deberían considerar algunas medidas de cancelación de la deuda a los países necesitados y otorgar más subvenciones en lugar de préstamos, especialmente para proyectos relacionados con la adaptación climática, resiliencia y daños y pérdidas.

5. Asegurar que el sistema multilateral de comercio apoye la transformación verde y justa

La OMC, la OIT, la UNCTAD y los principales socios comerciales deben trabajar con los gobiernos para garantizar que las cadenas de suministro se vuelvan resilientes, beneficien a las naciones productoras de materias primas y protejan a los vulnerables. Desde nuestra visión, los esquemas comerciales también deberían promover la reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2), priorizando las cadenas cortas de distribución, dando incentivos para usar insumos locales durante la producción, así como promoviendo el comercio regional.

6. Reformar la gobernanza y las operaciones de las Instituciones Financieras Internacionales (IFI).

Esta es una propuesta relevante. Latindadd pide una reforma urgente de las IFI, para que se ajusten al propósito de apoyar a los países necesitados que están más expuestos a vulnerabilidades y promover el desarrollo sostenible. Se necesita una reforma de la gobernanza, considerando que las instituciones de Bretton Woods son espacios multilaterales antidemocráticos, asimétricos e injustos, donde los países ricos concentran la mayor parte de las acciones en el directorio ejecutivo y, por lo tanto, tienen más poder de decisión con el poder de inclinar la balanza hacia la defensa de sus propios intereses. La reforma de la gobernanza de las IFI debe incluir una mayor representación de los países en desarrollo en los directorios, transparencia y rendición de cuentas, revisión de las cuotas, no imponer condicionalidades ni cargos adicionales a los préstamos y detener la política de eliminación de riesgos para promover la inversión privada.

Can we expect something from the New Global Financial Pact Summit and the Bridgetown Initiative?

  • LATINDADD’s position on the international financial architecture reform proposals in the framework of SB58 Climate Change Conference in Bonn and towards COP28.

LATINDADD has been working towards a New Financial Architecture linked to the climate and 2030 Agendas, following very closely the processes related to the Bridgetown Initiative, presented by the government of Barbados in different versions, and the New Global Financial Pact Summit that will take place in June 22-23, in Paris, under the auspice of the French government. 

At the beginning we found both initiatives as interesting spaces to discuss and debate global financial reform proposals, but unfortunately, the content and governance related to both, mainly to the Paris Summit, has been disappointing and far from our expectations, considering for example that both promote expanding Multilateral Development Banks (MDBs) participation through more lending, the catalyzation of private sector investments and blended finance, among other things, that reveal the intention of using the “climate emergency” as an excuse to deepen alternatives that LATINDADD and other economic justice movements have been criticizing for so long, because they don’t represent or contribute to a real structural international financial architecture transformation. 

A. Our reactions to the New Global Financial Pact Summit (the “Macron Summit”)

LATINDADD has decided not to participate in the New Global Financial Pact Summit mainly due to the following reasons:

Regarding governance:

  • It is an undemocratic space that diverts attention away from the only official multilateral space that can promote a real systemic, financial, and economic governance transformation: the United Nations.
  • We observed the lack of Global South participation throughout the process and the limited space for Global South CSOs to participate (only 200 spots to be distributed between CSOs, private sector and other stakeholders).
  • It reinforces the colonial and neocolonial influence that a country like France has, considering that France still has political power and control over countries like Guyana in The Caribbean.
  • It offers a distraction from the national context of political and social conflict happening in France.
  • It will not result in any binding international agreement, but only on speeches and “good intentions”, like in previous opportunities.
  • It takes us away from the climate justice approach and does not build on the principle of common but differentiated responsibilities, under which the owners of the historical climate and ecological debt, Global North countries like France, should be doing the utmost efforts to stop the environmental crises, mostly the climate crisis and loss of biodiversity, and to repair all the suffering they are causing in the Global South.

Regarding content:

  • It promotes more lending to increase the fiscal space, despite the fact that debt trends have been dangerously increasing in southern countries to face the crises. Under the current financial architecture, debt mechanisms are a neocolonial means of control.
  • It also promotes private finance and blended mechanisms as the solution to close the financial gap for the 2030 and climate agendas, neglecting the full responsibility that countries like France have regarding the historical ecological and climate debt, and the lack of fulfillment of international commitments related to ODA and climate finance, which should come mainly from public sources. 
  • It encourages the use of more public resources to “de-risk” investments for the private sector, considering that private finance is a silver bullet for developing financing, and reducing important amounts of money that could go directly to finance public services and adaptation measures.
  • Under the same capitalist approach that caused all the environmental crises the world is suffering right now, it calls for stronger carbon markets infrastructures which have proven to be false solutions to effectively reduce CO2 emissions worldwide.
  • It encourages the use of debt-for-climate/nature swaps, without simultaneously addressing gaps in transparency and integrity in transactions that, properly implemented, could contribute on a small scale to specific objectives but have generally proven to be ineffective in achieving significant reductions in the levels of the debt burden; even more if they are under schemes that prioritize private sector interests, as in the case of the recent debt-for-nature swap in Ecuador and Belize, which could damage the debtor country’s sovereignty and it could entail risks related to the lack of transparency and integrity in the transaction negotiation.
  • It promotes new climate/pandemic debt clauses that will be helpful in future events, but won’t solve the problem with current debts. Also, as they have been already used in the past, they are not an innovative instrument.
  • It proposes new schemes involving SDRs, but they are only focused on rechanneling the existing SDRs, under the same mechanism promoted by the IMF, the Resilience and Sustainable Trust Fund (RST), which will result in more loans with austerity measures for Global South countries, unfairly increasing the debt burden. Latindadd calls for a new SDRs allocation to help low and middle-income countries to face the current multiple crises.
  • It promotes the use of new ambitious taxation schemes, putting the EU’s carbon border adjustment mechanism (CBAM) as a key alternative, when there are many critics to this scheme from the Global South perspective, considering for example the trade protectionism that it entails risks hurting developing countries.
  • Finally, we haven’t seen gender considerations, Loss and Damage and climate adaptation needs for Global South countries, which should be considered a priority in this process, which reveals the interests of the countries and institutions behind the organization of the Summit.

B. Our reactions to the Bridgetown Initiative

The Bridgetown Initiative (BI) has been gaining a lot of attention since it was first published in 2022, establishing 3 steps to achieve a Reform of the Global Financial Architecture, but the content of the proposal has been constantly evolving, with a new, non-official version circulated during the IMF and World Bank Spring Meetings 2023, with 10 main proposals, and a consultation document of version 2.0 prepared in May, not published yet, but announced by Barbados Prime Minister, Mia Motley, on April 26, 2023, during an event with the UN General Secretary, which highlights six key points, aligned to the SDG stimulus plan.

The non-official version shared in April, assess the way to publish a new narrative that could gain more support from different stakeholders, which reveals a serious problem: the BI evolving versions has been responding to the interest of the wealthy countries and Bretton Wood institutions, leaving aside the essence that at the beginning made it an interesting proposal: the Global South perspective for a new financial architecture reform and a proposal from a small and very highly climate vulnerable Caribbean island.

One example of that is how aligned the BI is to the New Financial Global Pact proposals and to the UN SDG stimulus plan.

Based on the last BI non-official version and consultation document, Latindadd aims to highlight some critics to the following proposals:

1. Provide immediate liquidity support including rechannelling at least $100 billion of unused Special Drawing Rights through the IMF and multilateral development banks.

a. Rechanneling at least US$100 billion of unused Special Drawing Rights (SDRs) through the IMF and MDBs: This could be positive if this money is mobilized to vulnerable countries through grants and not loans, and without conditionalities. IMF’s Resilience and Sustainability Trust (RST) is using loans and conditionalities to re-channel unused SDRs which is not fair for vulnerable countries that received less SDRs, considering the distribution criteria based on the quota participation in the IMF. Also, it would be good to guarantee that the projects funded with RST resources should prioritize the most vulnerable groups, for example, women in all their diversity, children, youth, indigenous peoples, Afro-descendants and local communities, people with disabilities, sexual diversity, small rural producers, migrants, lower income households, elderly adults, among others.

b. Removal of the new SDR issuance proposal. It is sad that a new issuance of 500 billion SDRs (US$650 billion) has been removed from the BI proposal. Latindadd considers SDRs allocation as a very important non-debt creating instrument to help countries in need, therefore is crucial a new issuance of SDRs for the climate and 2030 agenda, ideally delinking the distribution criteria of the quota basis and prioritizing multidimensional vulnerabilities. 

c. Immediate suspension of IMF interest surcharges for two or three years: Latindadd and its allies urge for a review and complete elimination of the IMF surcharges policy. During this review process, all surcharges should not be paid. To suspend them for a few years is not enough.

d. Restore the enhanced access limits established by the IMF during the pandemic for the Rapid Credit Facility and Rapid Financing Instruments: As mentioned before, we don’t agree on a stronger role of the IMF, considering the well-known conditionalities tied to its programs, and considering that these kinds of facilities will deliver loans, increasing the already high debt burdens. Therefore, Latindadd urges for debt restructuring and debt service cancellation to all countries in need, including low- and middle-income countries, as well as private and official creditors.

2. Restore debt sustainability today and in the long-term and support countries in restructuring their debt with long-term low interest rates. 

a. The last consultation document calls for redesigning the Common Framework, including by speeding up debt relief and cancellation with reliable timelines, debt service standstills, and ‘most favoured creditor clauses’, and allow debt distressed middle-income countries to make use of the Common Framework. The common framework has proven to be insufficient, considering its initial design failures that should be addressed for a redesign: it relies on a lengthy process where countries have limited negotiation power; private creditor participation must be on a binding basis; include middle-income countries not only in debt distress, but at high risk considering also other vulnerabilities; decouple the process from the IMF programmes and avoid the conditionalities that this implies. The current CF is not fit for purpose and entails negotiations under undemocratic, non-independent and unfair conditions. Redesigning could be a better option, more aligned to the economic justice movement’s expectations, but it does not necessarily have to be the CF, as proposed in IB, it can be otherwise. What is needed is to move decisively towards more democratic spaces and to eliminate the asymmetries of power that are at the core of the underlying problems. We propose and advocate for the establishment of a multilateral debt resolution mechanism. In particular, we proposed the creation of an international board of arbitration for sovereign debts under the auspices of the UN, which guarantees the participation of official and private creditors. Latindadd also calls for a debt service cancellation for a period of two to four years for all countries in need, including middle-income countries, and involving both, private and official creditors. 

b. It demands the IMF to encourage the restructuring of unsustainable private debt through IMF programs that are consistent across countries and have more locally driven fiscal sustainability plans. Usually, IMF programs during restructuring debt processes end up bailing out private creditors and not the debtor countries. Due to the importance of private creditors in sovereign debt, there is a need for the IMF and G20 to provide financial and political support to debtor countries to deal with these creditors during negotiations, when necessary. For example, through the automatic debt service standstill until reaching an agreement, which should be enforceable as soon as the debtor applies to the Common Framework or initiates a restructuring process, making any debt restructuring more effective in terms of broadening creditor participation and accelerating the interest in reaching agreements on the comparability of treatment.

c. It also calls the IMF to: refining the Debt Sustainability Analysis (DSA), including adopting changes that enable investments that create future savings to have a lower weighting than other debt.  The Debt Sustainability Analysis needs a more comprehensive approach given the current debt landscape, including climate and development considerations, but not only those related to the investment needed to achieve resilience, but also considering climate risks, the financial needs to achieve a green just transformation in the Global South, and the negative impacts that indebtedness has in constraining public expenditure in advancing the climate and SDG agendas. We demand a new approach to debt sustainability, one that goes beyond ensuring the payment of debt service, one that has development, human rights, gender justice and climate vulnerabilities at its core. Frequently, the current DSA framework relies on optimistic projections and does not accurately account for exogenous factors, such as the cost of climate inaction causing the climate crisis, which affects the debt payments of low- and middle-income countries. In addition, the current approach promotes austerity measures in debtor countries to maintain ‘sustainable’ debt levels. From our perspective, debts should never be considered “sustainable” if they limit the people’s ability and rights to access food, water, energy, health, education, healthy environment, and safety, among others. We also advocate for alternative debt sustainability analysis prepared by international and multilateral institutions as well as by national governments.

d. The BI demands public, multilateral, and private creditors to adopt zero-cost, net-present-value neutral natural disaster clauses in all lending instruments to make them more shock-absorbing. These clauses will be helpful in future events, but won’t solve the problem with current debts. 

e. Also to refinance high-interest and short-term debt with credit guarantees and longer maturities. This type of refinancing might help with short-term debt problems, but will not provide a lasting solution. It will require greater transparency and serve the interests of the countries rather than those of creditors. Furthermore, none of these processes should involve the deepening of countries’ extractivism (e.g. Suriname case).

f. UN Member States should agree new international resources (whether taxes, charges, or other sources) to fund the UNFCCC Loss and Damage Fund to $100 billion per year. It is very important to guarantee additional resources for the new Loss and Damage Fund in order to make it operative as soon as possible. These resources should be 100% grant-based while mobilized to climate vulnerable countries, predictable and accessible. We consider most of these resources should be public, from Global North countries, in recognition of their historical climate and ecological debt to the people and the planet, but we also welcome the idea of using other instruments like international taxes to big fossil fuel corporations and/or wealth taxes, as long as these taxes are progressive and not transferred to lower income population groups.

3. Mobilize more than $1.5 trillion per year of private sector investment in the green transformation.

a. The IMF and MDBs should cut the excessive macro-risk premia on developing countries with $100 billion per year of foreign exchange guarantees for just green transition investments and expand project preparation support, risk reduction instruments, blended finance, and viability gap funding in order to strengthen the pipeline of bankable development and climate projects. Latindadd does not agree with the idea of having the private sector as the silver bullet to close all the financial gaps. Indeed, we are very aware that private capitals are moved by profit and the desire of wealth generation at any cost. Therefore, private finance and mechanisms like public-private partnerships are not the solution, considering the risks they represent and the lack of interest these investors have to fund high quality public services, climate resilience, adaptation measures and loss and damage. Latindadd does not agree with using public money or SDRs to “de-risk”, to lower risk premiums and to manage currency risk in favor of attracting private investors guaranteeing their profitability. We consider that the Just Green Transition, Financing Investment Trust or a JGT-FIT, proposed in the BI non-official version, will benefit mostly the Global North and the private sector, negatively increasing inequality gaps. The priority for Global South countries should be public investments in high quality public services, climate adaptation measures, building resilience and to address all the losses and damages derived from the climate and environmental crises, disproportionately affecting the climate vulnerable Global South countries. 

4. Increase official sector development lending for SDGs to $500 billion per year

a. It demands the G20, shareholders of the World Bank, Multilateral Development Banks and IMF to fully implement the CAF Review recommendations, including on callable capital and SDRs.

b. Also to put an additional $100 billion of paid in capital contributions into MDBs and re-channel SDRs to the MDBs, leading with the African Development Bank by September 2023. 

c. To increase the leveraging of the IDA balance sheet, fully fund the Crisis Response Window ($6 billion) by the end of 2023, and implement a phased scale up of IDA to $279bn in IDA 22.

d. To raise the access limits for the Poverty Reduction and Growth Trust and the Resilience & Sustainability Trust

e. Move ‘beyond GDP per capita’ to capture vulnerability in funding eligibility criteria and provide low-cost, 50-year loans for vulnerable countries to invest in climate resilience, anti-fragility, pandemic preparedness, food and water security, renewable energy access, and bridging the digital divide and other forms of greater resilience. 

f. Streamline and harmonize loan procedures across MDBs and IFIs, increase front-line support to countries accessing loans, and finance countryled national resilient development plans and multi-country programs that protect the global commons. 

Regarding all these points, we agree on the proposal to mobilize new concessional lending, prioritizing the SDGs everywhere and building climate resilience in climate-vulnerable countries. This should also benefit middle-income countries with severe debt problems and high climate vulnerabilities. However, expanding MDB lending, in the same conditions as today, is not the solution, considering that many low and middle-income countries from the Global South are in serious situations of debt distress, and more lending will worsen this problem. Without debt restructuring and cancellation, new lending, even if it is concessional, will be used to repay existing debts owed, largely to private creditors, not solving the need of resources to tackle the climate crisis and its impacts now. These kinds of proposals also take us away from the international unfulfilled commitments Global North countries have on ODA and climate finance mobilization. We should not allow this kind of proposal to take us away from the principle of Common but Differentiated Responsibilities (CBDR), the climate justice approach and the demand we have for immediate reparations for the historical climate and ecological debt the North has with the planet and the people. MDBs should also consider some measures of debt cancellation to countries in need, and providing more grants instead of loans, especially for projects related to climate adaptation, resilience and loss and damage. 

5. Ensure that the multilateral trading system supports the green and just transformation

a. WTO, ILO, UNCTAD, and major trading partners should work with governments to ensure supply chains become resilient, benefit raw materials producing nations and protect the vulnerable. Trade schemes should also promote CO2 emission reduction, prioritizing short distribution chains, giving incentives to use local inputs during production, as well as promoting regional trade.

6. Reform the governance and operations of International Financial Institutions (IFIs).

This is a relevant proposal. Latindadd calls for an urgent reform of the IFIs, to fit for purpose in supporting countries in need that are more exposed to vulnerabilities and promoting sustainable development. A governance reform is needed, considering that Bretton Woods institutions are undemocratic, asymmetric and unfair multilateral spaces, where wealthy countries concentrate most of the Executive Board shares, and therefore, have more power over decision making with the power to shift the balance to defend their own interests. The IFI’s governance reform should include greater representation of developing countries on the boards, transparency and accountability, review of quotas, not imposing conditionalities or additional charges on loans, and stopping the de-risk policy to promote private investment.