En medio de la polémica que desató el discurso xenófobo y racista de Trump en su toma de mando, algunas medidas de corte económico también han desatado una gran preocupación por el impacto que tendrán sobre la economía global.
Estados Unidos ha sido un promotor del impuesto mínimo global bajo la administración de Joe Biden. Sin embargo, con la reticencia del Legislativo durante su periodo de gobierno (que estuvo conformado en su mayoría por republicanos), no logró endosar la ratificación para implementar el acuerdo.
Ahora, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, EE.UU. mantendrá una política proteccionista que beneficie —antes que a cualquiera— a su economía y a sus empresas, a costa de “sacrificar” medidas y procesos globales, como la que representaba la implementación del llamado Pilar 2 del Plan BEPS de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Para la OCDE, esta decisión significa un gran revés en sus pretensiones de alcanzar un acuerdo global para la adopción del 15 % como tributación global mínima, medida que ya ha sido cuestionada por diversas organizaciones de sociedad civil. Esto, dado que el tamaño y el número de las empresas norteamericanas en diversas jurisdicciones es significativo. Sin embargo, EE.UU. mantiene una tasa interna del 21 % y una tasa efectiva mínima del 16 %, superior a lo propuesto por la OCDE y mantiene su propia legislación GILTI (Renta Global Intangible de Baja Tributación) que lo protege y le da cierta ventaja sobre un marco propuesto por la OCDE.
Tal vez implementar este impuesto mínimo global terminaría poniéndo en desventaja a este país, sobre todo por el costo y complejidad que traería implementar una medida diferente al método combinado que utiliza EE.UU. por un lado y por otro por la posible reducción de ingresos para accionistas y el tesoro de EE.UU. por el incremento de los impuestos de renta extranjera a corporaciones estadounidenses (de implementarse el impuesto mínimo global de la OCDE).
Queda claro que Trump no ha llegado para dialogar. Sin embargo, es necesario señalar que esta medida puede significar el inicio de una fractura en el histórico consenso del Norte en materia de gobernanza global, gobernanza que también han querido imponer al sur global desde la OCDE, pero que está siendo dinamitada desde dentro.
Las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos sobre la fiscalidad internacional tenemos que analizar muy de cerca cuál va a ser la reacción de los otros países del llamado norte global y ver cuál va a ser el impacto que esto tendrá en las próximas discusiones que se darán en Naciones Unidas, justo en el seno de la Convención Marco sobre Tributación Internacional.
Sin duda, con estas iniciativas del gobierno de Trump las discusiones en torno a la fiscalidad internacional se darán en nuevos escenarios, en nuevos contextos políticos y de gobernanza global. Una forma de entender lo que está pasando y lo que podría suceder es pensar en responder lo siguiente: ¿qué representa no tener a Estados Unidos dentro de este marco de impuesto mínimo global?, ¿qué significa para los países de América Latina y del Carbe y cómo impactará en sus economías?
Aunque la medida aún está en revisión por los 140 firmantes y/o a la espera de la ratificación en los Congresos estatales, con todas las falencias que representa el impuesto mínimo global, este escenario abre una oportunidad para pensar en un abordaje que nos lleve hacia el fortalecimiento dentro de la Convención Fiscal de las Naciones Unidas. O, también, a pensar en cómo eliminar o debilitar la continuidad del bloqueo a las iniciativas de los países del sur global en materia de gobernanza tributaria.
