Latindadd

Justicia Fiscal

Revisando el financiamiento para el desarrollo en el sur global: una perspectiva feminista

Escrito por: Mukupa Nsenduluka (Red para la Justicia Fiscal de África), Luckystar Miyandazi (Comisión de la Unión Africana), Katie Tobin (WEDO), Klelia Guerrero García (Latindadd), y Bhumika Muchhala (Red del Tercer Mundo, TWN por sus siglas en inglés)

Este blog presenta una reforma de la arquitectura fiscal internacional como una solución sistémica para la injusticia climática, la de recursos y de la deuda. Asimismo, plantea que la Convención Fiscal de la ONU sería un elemento esencial para la transformación estructural de la gobernanza económica y financiera que resulta fundamental para crear un mundo más justo y equitativo, especialmente para las mujeres. Las coautoras presentaron varios de estos incisos en un evento paralelo al Foro 2024 sobre el Financiamiento para el Desarrollo. Para ver la grabación del debate haga clic aquí.

Una «cuádruple crisis» asola a las naciones ricas en recursos del sur global: los países hacen frente a los impactos del abuso fiscal, a la crisis climática, a los costos socioambientales de la extracción, y a las grandes cargas de la deuda que socavan la prestación de servicios públicos y afectan de manera desproporcionada a las mujeres y a las personas de género diverso. Estas injusticias están profundamente arraigadas en un sistema económico global defectuoso y roto que necesita una transformación urgente.

En muchos países ricos en recursos, un modelo económico extractivo permite que las empresas extranjeras multinacionales exploten los recursos y exporten la materia prima. Estas empresas aprovechan los vacíos legales tributarios y trasladan beneficios para reducir el pago de impuestos en los países en donde operan, esto implica que la mayor parte del valor de lo que se extrae también se traslada al país extractivo, en lugar de beneficiar al país de «origen». El abuso fiscal internacional, propiciado por la injusticia que caracteriza al sistema internacional actual, le cuesta al mundo USD 483 000 millones por año.[1] Los ingresos fiscales perdidos a través de los flujos financieros ilícitos (FFI), la evasión y la elusión fiscal podrían destinarse al financiamiento para la adaptación, la mitigación y la resiliencia climáticas y a la prestación de servicios públicos que mejoran la vida de las mujeres y de las personas marginadas.

¿Soluciones africanas para problemas africanos?

La cuádruple crisis se extiende particularmente en el continente africano, donde la mayoría de los países tienen grandes deudas y son ricos en recursos. África tiene los recursos suficientes para financiar su desarrollo, pero pierde aproximadamente USD 89 000 millones al año a través de los FFI, de los cuáles USD 40 000 millones pertenecen solamente al sector extractivo.[2] Además, el continente pierde un adicional de USD 220 000 millones por año en los incentivos tributarios.[3]

En noviembre del 2023, el Grupo de Estados de África, apoyado por la Comisión de la Unión Africana, tuvo una gran victoria en la Asamblea General de la ONU cuando los gobiernos acordaron formar una Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional. Esta decisión, finalmente surge de las contribuciones de las instituciones y gobiernos africanos al exigir la reforma de la arquitectura global financiera y fiscal, respaldadas por el rol del movimiento feminista africano en defensa de la justicia económica.

Una vez constituida la Convención, se convertirá en un acuerdo multilateral importante que logrará desarticular el poder de la OCDE como líder del sistema de gobernanza fiscal y empoderará a los gobiernos para que ejerzan mayor soberanía sobre las decisiones tributarias que afectan sus economías.[4] Entre algunas de las cuestiones en las que esto tendrá un impacto se encuentran los derechos de tributación equitativa, el intercambio de información, la necesidad de todos los países de trabajar juntos con el objetivo de eliminar los FFI que surgen a causa de la evasión fiscal, la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, y garantizar que el sector contribuyente, especialmente las empresas multinacionales y corporaciones transnacionales, paguen impuestos a los gobiernos de los países en los que se llevan a cabo las actividades económicas, donde se crea el valor y desde donde se generan los ingresos fiscales.

Lograr esto dependerá de cómo se conciba la Convención, como así también de los principios rectores y las prioridades que se establezcan. Por lo tanto, a lo largo de los próximos meses, en tanto la Convención vaya tomando forma, es esencial respaldar los esfuerzos del Grupo Africano y otros estados para garantizar que la Convención reduzca las desigualdades tanto dentro como entre los países.

Tributación para la justicia ambiental y de género

A su vez, la Convención Fiscal de la ONU puede responder directamente a la igualdad de género abordando la evasión y el abuso fiscal y los FFI que drenan los recursos que se utilizan para los presupuestos nacionales y para el gasto público que hace valer los derechos de las mujeres, las niñas y las personas de género diverso. Un enfoque feminista estructural no solo se centra en los impactos de las políticas que se establecen con respecto a la deuda, los impuestos y el clima, tanto a nivel nacional como local, sino que también se centra en situaciones específicas de las mujeres. Un ejemplo de esto son las mujeres en las comunidades mineras receptoras al momento de determinar la gobernanza de los recursos y la tributación.

Considerando que las desigualdades de género y la crisis climática se originan en nuestro sistema económico colonial y extractivo, la Convención Fiscal de la ONU debería facilitar la ejecución progresiva de impuestos que sean:

  • Coherentes: los ingresos fiscales ambientales deberían destinarse a la acción climática, en toda la cadena de valores, y garantizar que, a su vez, se eliminen beneficios tributarios y subsidios no sostenibles.
  • Prioritarios: independientemente de los temas pertinentes, los impuestos ambientales deben implementarse de manera urgente para avanzar en dirección a la acción climática y la igualdad.
  • Justos: los impuestos deben ser progresivos, reconocer los impactos de género, y proteger los recursos, como así también resguardar a las comunidades y los países en los que se encuentran.

Un enfoque holístico que englobe la justicia económica, climática y de género puede garantizar que la Convención Fiscal respalde y promueva el rol fundamental de la tributación en la evolución de un contrato ecosocial

A través de un acuerdo global sobre la tributación a la riqueza, la Convención podría, por ejemplo, mediar en relación al poder que tiene el sector multimillonario, que está compuesto, en su mayoría, por hombres cuya influencia desmedida en el contexto de políticas globales ahora se extiende a la actividad minera de minerales de transición en África, a guisa de una «transición verde». Según la Red para la Justicia Fiscal (2023): «Un impuesto progresivo a la riqueza extrema sobre aquellas personas con activos de más de USD 100 millones podría generar un estimado de USD 295 000 millones por año» para destinarlos en gasto climático y para el desarrollo. Este tipo de medida, en el marco del principio del contaminador pagador y la agenda de tributación progresiva, podría mitigar tanto las implicaciones de desigualdad como la cantidad desproporcional de emisiones que generan estas élites sobreconsumistas. Por lo tanto, la Convención Fiscal de la ONU debe incluir el compromiso de establecer impuestos a las personas con patrimonios netos elevados, y el de destinar los ingresos fiscales a la acción climática y de desarrollo.

  • Para ver a Katie Tobin hablar hasta este punto en una intervención durante las negociaciones del comité de la Convención Fiscal el 1 de mayo de 2024, haga clic aquí.

Finalmente, al mover el régimen tributario global al ámbito democrático y equitativo de la ONU, la Convención Fiscal tendrá el potencial de gestar la transformación de la gobernanza global económica y financiera que les permitirá a los países del sur global capturar los ingresos generados de los recursos, redistribuir el financiamiento, y presupuestar fondos que estén acorde para la acción climática y la igualdad de género. Sin embargo, dado lo mal encaminados que se encuentran los esfuerzos mundiales para lograr cumplir con el conjunto de compromisos internacionales asumidos en el 2015 (los ODS, el Acuerdo de París sobre el clima y la Agenda de Acción de Addis Ababa sobre financiamiento), no hay plazo que valga.

Recursos 


[1] Estado de la Justicia Fiscal en el 2021

[2] UNCTAD 2020

[3] Unión Africana 2023: Comunicado de prensa

[4] WEDO, Informe de las tendencias 2023