Fallo atenta contra el Derecho al Desarrollo y favorece el fraude fiscal corporativo
La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe rechazan la medida dictada por la Corte de Justicia de la Unión Europea (CJEU) difundida en la Nota de prensa Nro. 188/22 del día 22 de noviembre de 2022 que representa un duro golpe a la Justicia Fiscal y favorece la opacidad y el fraude fiscal. El fallo de la Corte invalida que los registros de Beneficiarios Finales sean de acceso público, a requerimiento de la Corte de Luxemburgo como resultado de una demanda interpuesta por una sociedad comercial de ese país.
La corte señala en su fallo, entre otras cosas, que “La disposición por la que la información sobre la titularidad real de las sociedades constituidas en el territorio de los Estados miembros es accesible en todos los casos a cualquier miembro del público en general no es válida”.
“Es simplemente inaceptable e inexplicable. Esto significa un grave retroceso en materia de transparencia fiscal y una vulneración al derecho al acceso a la información, y en general al derecho al desarrollo de los pueblos, basándose en un falso reconocimiento a un derecho a la privacidad y data personal de quienes son los propietarios reales de empresas y corporaciones” declara Carlos Bedoya, director de Latindadd.
La sentencia de la Corte priva con esta sentencia también a los países de América Latina y El Caribe a tener acceso a los beneficiarios finales de las empresas alojadas en territorio europeo. “El acceso a la información debe ser un derecho protegido y no tiene justificación que la sociedad civil y otros actores tan solo puedan tener conocimiento de quienes utilizan estos esquemas y guaridas fiscales a través del trabajo de los periodistas de investigación” refuerza Adrián Falco secretario de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe.
El único “riesgo desproporcionado de injerencia en los derechos fundamentales” que se ve vulnerado es el de los millones de personas de América Latina y el Caribe que viven en la pobreza en gran medida producto de la opacidad en la información fiscal que no nos permite conocer a los beneficiarios finales europeos que operan en la región y latinoamericanos que operan en europa de manera pública y así determinar quien es dueño de qué y en dónde y cobrarle los impuestos que correspondan.
Hacemos un llamado a las organizaciones de la Sociedad Civil que integran el movimiento global por Justicia Fiscal y Transparencia Financiera a pronunciarse en contra de este respaldo de la corte europea al fraude tributario.
América Latina, 22 de noviembre de 2022
