Este artículo se publica en el marco de los Días de Acción Global por la Justicia Fiscal para los Derechos de las Mujeres (GDOA 2026) de la Global Alliance for Tax Justice (GATJ), una campaña global que reúne a organizaciones feministas, movimientos por la justicia fiscal, sindicatos y sociedad civil para exigir sistemas tributarios que contribuyan a la igualdad de género y al financiamiento del derecho al cuidado. La décima edición de esta movilización global —realizada del 2 al 8 de marzo de 2026 bajo el lema “Tax Justice for the Human Right to Care”— ocurre en un momento político decisivo: las negociaciones en curso hacia una Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional.
Klelia Guerrero García *
Las economías funcionan gracias a un enorme subsidio invisible: el trabajo de cuidados que a diario realizan millones de mujeres en el mundo, lo que sostiene la reproducción de la vida y de la fuerza de trabajo. Criar a los hijos e hijas, cuidar de las personas mayores o de quienes están enfermos, preparar los alimentos, son tareas fundamentales para el sostenimiento de la vida y de las economías, pero esta labor sigue siendo mayoritariamente no remunerada y permanece invisible cuando se habla de estadísticas económicas y cuando se dan los debates fiscales.
Y esto no es un problema menor. Cuando los Estados no cuentan con recursos suficientes para financiar servicios públicos —salud, educación, cuidado infantil, agua, protección social— este trabajo no desaparece. Se traslada a los hogares y recae de manera desproporcionada sobre las mujeres.
Desde una perspectiva feminista de la economía política, esto significa que una parte significativa del sistema económico global se sostiene gracias a un subsidio silencioso proporcionado por el trabajo no remunerado de las mujeres.
Diversos estudios dan cuenta de la magnitud global de este fenómeno. En varios países donde se ha estimado, el trabajo de cuidados no remunerado equivale entre el 16 % y el 30 % del Producto Interno Bruto (PIB). Esto, sin contar con todo el trabajo mal remunerado del sector, lo que lo convierte en uno de los mayores motores de la economía, aunque permanezca casi invisible en las cuentas fiscales (GATJ, 2026).
Las evidencias para señalar que las labores del cuidado están marcadas por desigualdades de género abundan. Encuestas de uso del tiempo muestran que las mujeres dedican, en promedio, el doble de horas que los hombres al trabajo de cuidados no remunerado, impidiendo su participación en el mercado laboral y en la generación de ingresos. En algunos países de América Latina la brecha es aún mayor: en Ecuador, por ejemplo, las mujeres dedican hasta cuatro veces más tiempo al trabajo de cuidados no remunerado que los hombres (GATJ, 2026).
Esto no es solo discurso, tiene consecuencias reales en la vida de las mujeres: ingresos más bajos a lo largo de sus vidas y mayores posibilidades de pobreza en la vejez.
El problema del que no se quiere hablar: la política fiscal
El principal problema cuando se habla de la necesidad de contar con financiamiento público para establecer sistemas de cuidado pasa por definir que no se trata solo de una cuestión de políticas sociales o de igualdad de género, sino que es principalmente un problema fiscal. ¿Por qué? América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo, pero se enfrenta a una gran paradoja, es a la vez una región donde la riqueza se concentra cada vez más en muy pocas manos, mientras que de otro lado tenemos sistemas fiscales que recaudan mal y muy poco de quienes más tienen (Latindadd, 2026).
Muchos países dependen fuertemente de impuestos indirectos, como el IVA, que tienden a ser regresivos. Estudios de incidencia fiscal muestran que el IVA puede representar cerca del 27 % de la carga tributaria para los hogares más pobres, mientras que para los más ricos no supera el 5 %, reproduciendo desigualdades económicas y de género (GATJ, 2026). Es decir, quienes menos tienen terminan pagando más, proporcionalmente.
Y si esto ya es de por sí grave, existe otro factor que que representa un problema global: el sistema fiscal internacional permite que las multinacionales y las grandes fortunas trasladen beneficios y activos entre jurisdicciones, aprovechando vacíos regulatorios y diferencias entre sistemas tributarios, lo que al final resulta en que esconden sus ganancias y fortunas en guaridas fiscales donde o no pagan impuestos o pagan muy poco. El resultado es la pérdida masiva de recursos públicos que podrían financiar políticas sociales como sistemas de cuidado, más infraestructura y servicios públicos.
Y ante este panorama, la solución que aplican los Estados es hacer una combinación de mayor dependencia de impuestos regresivos, recortes del gasto público o incremento del endeudamiento. Las consecuencias para la igualdad de género son claras: cuando los sistemas públicos de salud, educación o cuidado están subfinanciados, la provisión de esos servicios vuelve a recaer en los hogares y en las mujeres, especialmente en el Sur Global.
Sin duda, ahora resulta evidente que las discusiones sobre justicia fiscal son también una discusión sobre igualdad de género. Y en este contexto hablar de tributación efectiva de multinacionales y de personas de ultra alto patrimonio ya no es solo una cuestión de justicia distributiva, se convierte en una condición macroeconómica para financiar derechos y sostener sistemas públicos de cuidado.
Cooperación internacional como herramienta para la igualdad
Ante este contexto adverso, es de vital importancia hablar sobre la creación de una Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional, iniciativa que busca fijar reglas más justas para la tributación global y abrir un espacio donde todos los países (y no defina a puerta cerrada por grupos pequeños de los países de economías avanzadas) participen en la definición de las normas fiscales internacionales.
Más allá de una discusión técnica sobre reglas tributarias, lo que está en juego es una pregunta profundamente política: ¿quién financia nuestras sociedades y cómo se distribuyen los costos de sostener la vida?
Y para que este cambio traiga un impacto real, la Convención no puede limitarse a discutir solo aspectos técnicos de la tributación global, debe abordar también las profundas desigualdades estructurales que caracterizan a la economía global.
Esto significa avanzar hacia una asignación más justa de derechos tributarios entre países, fortalecer la cooperación internacional para gravar multinacionales y grandes patrimonios, así como fijar estándares robustos sobre transparencia fiscal, como registros públicos de beneficiarios finales, intercambio automático de información fiscal y reportes país por país públicos de las multinacionales, considerados herramientas clave para combatir la evasión y la elusión fiscal.
Necesidad de corregir la ruta planteada
Estas medidas son fundamentales para corregir los desequilibrios estructurales del sistema fiscal internacional y permitir que los países movilicen recursos para financiar el desarrollo sostenible.
Sin embargo, organizaciones feministas y de justicia fiscal han advertido que las versiones preliminares del borrador de la Convención siguen siendo insuficientes para cumplir este objetivo. En particular, han señalado que el texto no incluye referencias significativas a la igualdad de género ni a las obligaciones internacionales de derechos humanos de los Estados.
Diversas organizaciones han propuesto fortalecer el artículo sobre desarrollo sostenible para asegurar que la cooperación fiscal internacional contribuya explícitamente a:
- reducir las desigualdades de género;
- financiar servicios públicos sensibles al género;
- y apoyar la construcción de infraestructura pública de cuidados.
Esto implicaría reconocer que los sistemas fiscales internacionales deben estar alineados con compromisos existentes de los Estados en materia de derechos humanos y género, incluyendo instrumentos como CEDAW y la Plataforma de Acción de Beijing.
Además, se ha propuesto que la Convención incluya mecanismos de seguimiento y evaluación, como evaluaciones de impacto de género en políticas fiscales, recopilación de datos desagregados por género y revisiones periódicas de implementación por parte de los Estados.
Integrar estas perspectivas significa reconocer que los sistemas fiscales no son neutrales y que pueden reproducir desigualdades o contribuir a transformarlas. Para América Latina y el Caribe una reforma del sistema fiscal internacional también significa una oportunidad para recuperar espacio fiscal y fortalecer la capacidad de los estados para financiar políticas orientadas al desarrollo sostenible y a la reducción de las desigualdades.
Y desde una perspectiva feminista, implica algo aún más profundo: transformar un sistema económico que durante décadas ha dependido del subsidio invisible del trabajo de cuidados no remunerado realizado por las mujeres.
Si el cuidado es un derecho humano, entonces garantizar los recursos públicos necesarios para sostenerlo también debe ser entendido como una obligación en materia de derechos humanos.
Y en un mundo donde la riqueza se concentra cada vez más en manos de una pequeña élite global, esa obligación trae un cuestionamiento fundamental para la justicia fiscal: ¿quién paga impuestos para sostener la vida?
* Klelia Guerrero es economista ecuatoriana y especialista en Tributación y Género para Latindadd.
