Latindadd

Justicia Fiscal

Finaliza con éxito primer curso sobre Fiscalidad y Derecho a la Educación

Vivimos una realidad alarmante: América Latina y el Caribe es una de las regiones que menos invierte en educación, lo que pone en riesgo el desarrollo de las futuras generaciones. Apenas el 4.4% de su PIB o el 15.6% de su gasto total, en educación (UNESCO, 2022). Esto contrasta con la inversión que realizan en regiones como las del Este y Sudeste Asiático, que se han posicionado en primer lugar en el gasto de capital educativo en los últimos diez años. Si nos comparamos con el sistema educativo de Europa y Norteamérica, que son los de mayor rendimiento, América Latina y el Caribe, gasta 3.8 veces menos por estudiante (UNESCO, 2022). 

¿Por qué invertimos tan poco en educación? ¿Es verdad que no contamos con los recursos suficientes para aumentar la inversión y apostar por el futuro? ¿De dónde sacamos más recursos?

El informe “Justicia Fiscal para el Derecho Humano a la Educación. Una mirada regional desde América Latina” elaborado por Latindadd, CLADE y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, es claro al respecto: sí hay recursos, el problema está en nuestro deficiente sistema tributario que recauda poco y mal.

“América Latina y el Caribe existe una predominancia de los impuestos a bienes y servicios frente a los impuestos a la renta y a la propiedad. Los primeros representaron el 11.2% del PIB, mientras que los segundos el 6.2%, lo que demuestra claramente la dominancia de sistemas fiscales regresivos”.

El predominio de impuestos indirectos, en un contexto de profunda desigualdad, se traduce en una reducción dramática de la recaudación y -en contraste- en el aumento de la concentración de la riqueza en pocas manos. Según la CEPAL (2020), el 10% más rico de la población capta 22 veces más de la renta nacional que el 10% más pobre; y el 1% de los más ricos se lleva el 21% de los ingresos de toda la economía, el doble de la media del mundo industrializado.

Al deficiente y desigual sistema tributario, hay que agregar otras fuentes de fuga de recursos. Señala el mismo informe que: “lo perdido anualmente por el uso de guaridas fiscales representa el 1% de su PBI (Tax Justice Network, 2021) y lo correspondiente a evasión y elusión, el 6.1% (CEPAL, 2020). Entre ambos valores, se pierde lo correspondiente al 160% de lo gastado anualmente en educación”. La conclusión es que sí hay recursos, pero necesitamos políticas fiscales justas, efectivas y orientadas a recaudar para garantizar el acceso a derechos humanos, como el derecho a la educación. 

Es por eso que lanzamos el curso “Invertir en el futuro: fiscalidad justa para una educación de calidad”, con el fin formar a actores sociales, como organizaciones de sociedad civil, sindicatos y activistas, en la relación entre un sistema tributario y el aumento de la inversión en educación. La propuesta se centró en brindar herramientas de análisis y de contexto que permitan aumentar la presión sobre los gobiernos para que se combata de manera efectiva el fraude fiscal como la evasión y la elusión, la fuga de recursos mediante guaridas fiscales y sobre todo, acabar con los sistemas de recaudación regresivos que solo profundizan la desigualdad y socavan el financiamiento público. 

El curso contó con 208 personas inscritas y tuvo una duración de aproximadamente 40 horas. Entre febrero y abril, se desarrollaron 4 temas clave: (a) lo público y la educación, (b) justicia fiscal y su impacto en la educación, (c) financiamiento del Estado y reformas tributarias progresivas y (d) incidencia social e historias de cambio. Contó con una plataforma especialmente diseñada para que las personas inscritas puedan elegir los horarios de desarrollo; con material interactivo para facilitar el acceso a un tema que a primera vista, puede parecer complicado pero que bien explicado, nos resulta muy cercano. 

El curso volverá a ser lanzado en el segundo semestre de este año. ¡Atentos a las inscripciones!