Por Adrián Falco (*)
Todos los días, miles de millones de dólares abandonan en secreto los países del Sur Global para esconderse en paraísos fiscales. Son recursos que jamás llegan a transformarse en hospitales, escuelas ni proyectos para enfrentar la crisis climática. Desde hace más de una década, las reglas del juego las dicta un club exclusivo de naciones desarrolladas bajo la promesa de que la abundancia llegaría para todos. Sin embargo, la realidad demostró lo contrario: se construyó un sistema donde el acceso a la información financiera y tributaria se bloquea mediante excusas técnicas y burocráticas, manteniendo a los países en desarrollo al margen.
Hoy, la historia corre el riesgo de repetirse en el seno de las Naciones Unidas. A medida que el calendario avanza hacia la siguiente ronda de negociaciones en Nairobi, la alarma entre los defensores de la justicia fiscal ha vuelto a encenderse. Lo que a principios de año parecía un proyecto prometedor para redactar una Convención Fiscal histórica ha comenzado a sufrir graves retrocesos. En las discusiones más recientes, las medidas más drásticas para combatir flujos financieros ilícitos o destapar las grandes fortunas ocultas han sido debilitadas. Se intenta imponer nuevamente un modelo que ya demostró ser ineficaz, descartando herramientas clave como la creación de un registro público de grandes activos que permita rastrear la riqueza que ningún país puede perseguir por sí solo.
El peligro real de este proceso no está únicamente en las declaraciones de índole diplomático en el espacio de debate de la Convención, sino en lo que ocurre en la sombra. La ruta de la Convención Fiscal se está trazando en reuniones intermedias a “zoom cerrado”, lejos del escrutinio de la Sociedad Civil y por ende del debate ciudadano. Es justamente en esos encuentros, entre negociaciones abiertas, donde los textos se recortan y los compromisos se diluyen. Esta crítica velada no proviene solamente de “partes interesadas”, muchos países han mencionado lo mismo “off the record”
Por eso se vuelve urgente y vital abrir de par en par esas mesas de trabajo previas a toda la sociedad civil. Las organizaciones y movimientos sociales y los y las expertos y expertas independientes deben tener un asiento en la mesa durante todo el proceso, no solo cuando las decisiones ya están tomadas. La mirada ciudadana es la única garantía para evitar que los acuerdos se redacten a la medida de los mismos de siempre. El Sur Global no está asistiendo a esta negociación para pedir caridad ni asistencia, sino para exigir reglas justas. Llegar a fines de 2027 con una convención debilitada y negociada en el secreto solo servirá para perpetuar la fuga de recursos que desangra a nuestras sociedades.
(*) Adrián Falco es el coordinador del área de Justicia Fiscal de Latindadd.
