Nueva York.– La sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, se convirtió esta semana en el escenario de una confrontación histórica que determinará el futuro de las reglas fiscales globales.
En la quinta sesión de negociaciones para la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional, las delegaciones de todo el mundo discutieron el texto borrador del tratado. Este proceso, en el que está participando la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFALC) junto con Latindadd y otras organizaciones de la sociedad civil, busca transformar el sistema fiscal global actual, que acrecienta las desigualdades para el Sur Global.
Objetivos y principios en disputa
Uno de los primeros desacuerdos fue sobre los principios de la futura Convención: si estos debían ser compromisos concretos o solo orientaciones generales.
En la discusión sobre los artículos 1 y 2, varios países desarrollados, entre ellos los miembros de la OCDE, la Unión Europea y el Reino Unido, propusieron trasladar parte de los objetivos y principios al preámbulo del tratado. Este tiene principalmente una función interpretativa y no establece obligaciones concretas.
El Grupo Africano, con el respaldo de India, Brasil y México, se opuso a este cambio. Su posición fue que principios como la equidad deben permanecer dentro del cuerpo de la Convención y orientar de manera concreta las decisiones que se adopten en el resto del tratado.
La sociedad civil planteó que la progresividad quede expresamente reconocida en el texto. Advirtió que, sin compromisos claros sobre justicia social y fiscal, la Convención corre el riesgo de quedarse en declaraciones generales sin capacidad real para transformar la forma en que se recaudan y distribuyen los recursos.
Desarrollo sostenible y crisis climática
Durante las negociaciones, Jamaica advirtió que, sin compromisos concretos, el desarrollo sostenible podría convertirse en una “ilusión fugaz”. Países especialmente vulnerables al cambio climático pidieron que la política fiscal sea coherente con los acuerdos ambientales internacionales y que se reconozca el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas: todos los países tienen responsabilidades frente a la crisis climática, pero no en la misma medida.
Organizaciones ambientales y redes de justicia fiscal de la sociedad civil cuestionaron que el texto actual no sea suficientemente claro sobre quién debe asumir los costos económicos de la crisis climática. Una de las propuestas fue incorporar el principio de “quien contamina paga”, de modo que las industrias y empresas que generan mayores impactos ambientales contribuyan también a financiar las respuestas frente a esos daños, en lugar de trasladar los costos a las poblaciones más vulnerables.
Impuestos a las grandes empresas
El artículo 5 fue uno de los puntos de mayor confrontación. Abordó el tema de impuestos a las grandes empresas: cuando una empresa obtiene ganancias en un país, ¿cuánto de esos beneficios puede gravar ese país?
Las reglas actuales se basan en buena medida en la presencia física de las empresas. Pero en la economía actual esto ya no es tan relevante. Una compañía puede tener millones de usuarios, vender productos o servicios y obtener enormes beneficios en un país sin tener allí una presencia física significativa.
El Grupo Africano e India plantearon que los derechos de imposición también consideren dónde se genera realmente la actividad económica, incluyendo elementos como los mercados, los usuarios y los datos.
Los países de mayores ingresos, en cambio, expresaron preocupación por el riesgo de doble imposición —que una misma renta sea gravada por más de un país— y pidieron avanzar con mayor cautela para evitar incertidumbre para las empresas multinacionales.
La sociedad civil planteó un cambio más profundo: avanzar hacia una tributación unitaria, en la que las multinacionales sean consideradas como un conjunto y sus beneficios globales se distribuyan entre los países mediante una fórmula. Esta propuesta busca reducir la posibilidad de que las empresas trasladen artificialmente sus ganancias hacia jurisdicciones donde pagan pocos impuestos.
Durante las sesiones se citaron estudios según los cuales este sistema podría aumentar significativamente la recaudación de algunos países. En el caso de Nigeria, por ejemplo, se señaló un posible incremento de hasta 641% en la recaudación del impuesto corporativo.
La sociedad civil también cuestionó el principio de plena competencia (arm’s length), utilizado actualmente para determinar los precios de las operaciones entre empresas vinculadas. La crítica es que este sistema puede facilitar el traslado artificial de beneficios hacia jurisdicciones de baja tributación. Para la sociedad civil, la nueva Convención debería abordar este problema de manera estructural.
Riqueza extrema y secreto financiero
Otro de los debates centrales fue cómo gravar a las personas con grandes patrimonios y evitar que oculten sus activos a través de estructuras financieras internacionales.
India y Brasil expresaron preocupación por un cambio en el lenguaje del borrador: donde antes se hablaba de “desarrollar e implementar medidas”, ahora se plantea “cooperar para mejorar”. Para estos países, el cambio podría significar una menor obligación de actuar y convertir un compromiso concreto en una declaración de intención.
La sociedad civil insistió en que la creciente concentración de riqueza debe abordarse junto con el debilitamiento de los servicios públicos. Entre las propuestas planteadas está la creación de un Registro Global de Activos, que permita identificar quién posee determinados bienes y activos a escala internacional.
La discusión también puso sobre la mesa una cuestión más amplia sobre cómo detectar la evasión y el ocultamiento de patrimonio. Para la sociedad civil, la Convención debería avanzar hacia reglas que aseguren que las grandes fortunas contribuyan de manera justa, incluyendo la posibilidad de establecer estándares de tributación mínima para los patrimonios más elevados.
Qué se considera un flujo financiero ilícito
Las negociaciones sobre los flujos financieros ilícitos (FFI) mostraron otro desacuerdo importante: ¿deben incluirse únicamente las prácticas claramente ilegales o también aquellas que, aunque puedan ajustarse formalmente a la ley, permiten trasladar grandes cantidades de dinero fuera de los países?
Algunos países desarrollados buscaron excluir de la definición la elusión fiscal agresiva, argumentando que determinadas prácticas no son necesariamente ilegales.
El Sur Global cuestionó esta distinción. Para muchos países, el problema no termina cuando una estrategia se encuentra dentro de los límites formales de la legislación. Lo que importa es si permite sacar recursos de un país y reducir artificialmente los impuestos que deberían pagarse, sus efectos pueden ser igualmente graves sobre la capacidad del Estado para financiar servicios públicos.
La sociedad civil también alertó sobre el retroceso del texto respecto de versiones anteriores. Una de las principales preocupaciones es que argumentos relacionados con la seguridad de los datos o la supuesta falta de capacidad técnica puedan terminar limitando el acceso de los países del Sur Global a información financiera necesaria para combatir la evasión y la elusión.
Defendió un intercambio de información fiscal más efectivo y accesible para todos los países, especialmente aquellos que históricamente han tenido menos capacidad para obtener información sobre los activos y operaciones de sus contribuyentes en el extranjero.
Qué pasará con los tratados existentes
Hacia el final de la semana, las discusiones se trasladaron a una cuestión esencial para el futuro de la Convención: cómo se tomarán las decisiones una vez que el tratado entre en funcionamiento y cómo se relacionará con los miles de tratados fiscales que ya existen entre países.
Uno de los desacuerdos se centra en la forma de tomar decisiones dentro de la futura Conferencia de las Partes (COP). Mientras algunos países europeos defienden el consenso, el G77 ha planteado la necesidad de recurrir a votaciones por mayoría en determinadas circunstancias. Por su parte, la sociedad civil y países del Sur Global temen que un sistema basado exclusivamente en el consenso pueda permitir que unos pocos países bloqueen decisiones respaldadas por una mayoría.
También está en juego qué ocurrirá con los más de 3000 tratados fiscales bilaterales que ya existen. Los países africanos y latinoamericanos sostienen que la nueva Convención no puede funcionar de manera aislada mientras continúen vigentes acuerdos que mantienen reglas fiscales consideradas injustas o desequilibradas.
Por eso, se planteó que la futura COP pueda establecer plazos y mecanismos para revisar y renegociar estos acuerdos, de manera que progresivamente se alineen con los nuevos estándares de la Convención.
La sociedad civil también cuestionó la posibilidad de permitir reservas a determinadas obligaciones del tratado. La preocupación es que los Estados puedan elegir qué compromisos aceptar y cuáles no, debilitando así la aplicación de las nuevas reglas.
La primera semana terminó, los debates se complejizan técnica y políticamente porque es hora de tomar decisiones aunque nada está cerrado. Las decisiones más importantes todavía están por delante.
(Publicado originalmente en justiciafiscal.net: https://justiciafiscal.net/multinacionales-grandes-fortunas-y-poder-de-decision-las-negociaciones-por-las-nuevas-reglas-fiscales-entran-en-su-segunda-semana/)
