La baja presión tributaria, las exenciones fiscales y las brechas de evasión limitan la capacidad del Estado panameño para financiar una educación pública equitativa y de calidad.
Las brechas educativas que persisten entre las zonas urbanas, rurales y las comarcas indígenas de Panamá no pueden entenderse únicamente como un problema del sistema educativo, sino que deben analizarse desde lo estrechamente vinculadas que están a un sistema tributario con limitada capacidad redistributiva.
El país necesitaría elevar significativamente su presión fiscal (llegar a una cifra entre 15% y 18% del PBI) para garantizar inversiones sostenidas en educación, reducir desigualdades territoriales y cumplir plenamente el derecho humano a la educación. Esa es una de las principales conclusiones del estudio Justicia Fiscal y el Derecho Humano a la Educación: Caso Panamá, publicado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, elaborado por CLADE, Latindadd, COPADE y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe.
Aunque Panamá es uno de los países más ricos de América Latina cuando se mide por habitante, el Estado recauda mucho menos dinero en impuestos que la mayoría de los países de la región. Mientras que en la mayoría de países de la región los gobiernos recaudan en promedio el 21,3% de toda la riqueza que genera la economía, en Panamá esta cifra se ubica entre 11,4% y 13,5%, y apenas alcanza el 7,6% si se consideran únicamente los ingresos tributarios.
La investigación de Latindadd y sus aliados identifica una serie de desafíos estructurales que continúan limitando el financiamiento educativo: entre ellos, los regímenes especiales de incentivos fiscales, la erosión de la base tributaria y las brechas de cumplimiento tributario, factores que reducen el espacio fiscal disponible para fortalecer los servicios públicos.
El estudio advierte que los ingresos que recibe Panamá de sectores como el Canal o de actividades económicas especiales no son suficientes para garantizar los recursos que el país necesita a largo plazo. Panamá requiere un sistema tributario más justo, donde quienes tienen más capacidad económica aporten más.
A esto se suma el problema de la evasión fiscal. El estudio estima que cada año el país deja de recaudar recursos equivalentes al 4% de su PIB debido al incumplimiento tributario. En el caso de las empresas, la brecha alcanza el 8,9% del PIB. Además, casi la mitad de las personas ocupadas (49%) trabaja en la informalidad, lo que también reduce la capacidad de recaudación del Estado.
Estas limitaciones tienen consecuencias directas para la educación. Aunque desde 2023 la ley establece que el país debe destinar al menos el 7% de su PIB al sector educativo, miles de estudiantes siguen enfrentando condiciones precarias para aprender. El estudio señala que existen alrededor de 1,250 escuelas ranchos que atienden a unos 45,000 estudiantes, principalmente en áreas rurales y comarcas indígenas, muchas de ellas con problemas de infraestructura, acceso a internet y servicios básicos.
Escuelas precarias, exclusión y barreras para aprender
La investigación también subraya que el desafío no pasa únicamente por destinar más dinero a la educación, sino por asegurar que esos recursos lleguen donde más se necesitan. Aunque el presupuesto educativo aumentó entre 2023 y 2025, persisten importantes desigualdades entre territorios y grupos de población.
Estas brechas se reflejan en distintos indicadores. Más de 120,000 niños, niñas y adolescentes están fuera de la escuela; uno de cada seis menores de cinco años sufre desnutrición crónica; el 44% de los niños de cuatro años no accede a educación preescolar; y a los 15 años, ocho de cada diez estudiantes no alcanzan los niveles mínimos de aprendizaje en matemáticas, mientras seis de cada diez presentan dificultades de lectura.
El estudio también pone el foco en las desigualdades de género. Actualmente, solo el 3% de los niños menores de tres años tiene acceso a centros públicos de cuidado. Esto significa que muchas mujeres deben asumir la mayor parte de las tareas de cuidado no remuneradas, lo que limita sus oportunidades de estudiar, trabajar o generar ingresos.
Frente a este escenario, el estudio indica que una reforma fiscal más justa permitiría generar recursos adicionales para fortalecer la educación pública. Según sus estimaciones, aumentar la recaudación tributaria en apenas 1,5% permitiría movilizar más de 93 millones de dólares para financiar alimentación escolar, acceso a internet y electricidad en escuelas rurales, así como programas de formación para unos 8,000 docentes.
Hablar de justicia fiscal en Panamá no es solo hablar de impuestos. Es discutir cómo garantizar derechos, reducir desigualdades y asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a una educación de calidad, independientemente del lugar donde hayan nacido o de su condición económica.
