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Justicia Fiscal

Argentina: Sí hay plata, el problema está en la política fiscal

  • La salida a la crisis no es el recorte de gasto ni la austeridad, sino el aumento de ingresos públicos. Para eso, el Estado argentino requiere modificar el carácter regresivo del sistema impositivo, revisar los incentivos tributarios injustificados e invertir en sistemas de protección social que prioricen los derechos y el enfoque de género. 
  • El 27 de mayo en Buenos Aires, se realizó el primer Taller de Fiscalidad Feminista en Buenos Aires a cargo de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), donde se analizó la política fiscal y el gasto público, considerando las obligaciones nacionales e internacionales del Estado sobre derechos humanos y disminución de brechas de desigualdad de género.

La actividad fue co-convocada por ACIJ, Ecofeminita, FES Argentina, Fundar, CELS, Fundación Foro del Sur, el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad y la Iniciativa por los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal. Participaron de la capacitación 30 referentas de organizaciones barriales, sociales y políticas de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Córdoba y Santa Fe.

En Argentina la desigualdad de género es una realidad: las mujeres realizan el 76% de las tareas domésticas no remuneradas, ganan en promedio un 29 % menos que sus pares varones y constituyen el 60 % de la población de menores ingresos. Frente a esta situación de desigualdad estructural, el Estado asumió obligaciones legales tanto a nivel local como internacional. Sin embargo, se vienen recortando importantes programas destinados a reducir estas brechas de desigualdad de género, bajo el pretexto de que no hay plata. Programas como Plan ENIA, el Programa Acompañar o la Moratoria Previsional, todas destinadas a los sectores de menores ingresos, son los más afectados. 

Por ejemplo, el Plan ENIA (de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia), que redujo en un 50 % los embarazos adolescentes con fuertes impactos en la terminalidad educativa y la inserción laboral de las mujeres, sufre recortes superiores al 70% interanual.

Lejos de implementar medidas para aumentar ingresos fiscales, el gobierno nacional viene aplicando e impulsando medidas regresivas como parte de la “Ley Bases”, que perjudican la recaudación. Por ejemplo, el aumento del piso sobre el cual se cobrará el impuesto a los bienes personales y la reducción de las alícuotas –haciendo que sea prácticamente insignificante su aporte a la recaudación nacional–; la creación de un nuevo blanqueo o amnistía fiscal para quienes declaren bienes de hasta U$S100.000 que hasta ahora tenían ocultos sin pagar ningún impuesto, y de una moratoria para quienes no han pagado aportes laborales ni el impuesto a las grandes fortunas, sin ningún tipo de interés ni multa por esos incumplimientos.

La especialista Julieta Izcurdia, responsable del área jurídica de ELA señaló que:  “El análisis de la política fiscal va más allá de concebirla como un instrumento de recaudación y distribución de recursos. Decimos esto porque la forma en que se recauda, se financia y se distribuye el presupuesto público refleja las desigualdades estructurales de nuestra sociedad. Por eso es fundamental que las organizaciones contemos con herramientas para poder exigir una política fiscal más justa y equitativa.