En las últimas semanas se ha hablado bastante sobre el manejo de los recursos públicos y el comportamiento de la deuda en la economía peruana. Si bien Perú ha sido reconocido durante los últimos años por mantener un nivel de endeudamiento relativamente bajo en comparación con otros países de la región, la tendencia actual muestra un crecimiento constante que plantea interrogantes sobre su sostenibilidad y, sobre todo, sobre los impactos que genera en la garantía de los derechos de la población.
Según cifras oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la deuda pública del Perú ha pasado de representar alrededor del 50 % del Producto Bruto Interno (PBI) en el año 2000 hasta llegar a un 32 % en 2024. Sin embargo, estamos aún por encima de los niveles logrados en años previos a la pandemia, ya que en el 2019 la deuda pública respecto del PBI era de 26 %, para luego subir al 35 % en 2021, dada la situación adversa que atravesó el país ante la necesidad de financiar medidas de emergencia durante la pandemia de la COVID-19, la caída de la recaudación tributaria y el incremento del gasto público para sostener la actividad económica. Aunque el nivel de endeudamiento aún se considera manejable (32,1 % del PBI estimado para el 2025) frente a estándares internacionales, la dinámica ascendente genera presión sobre las cuentas fiscales, generando cada vez mayores déficits y condicionando la orientación del gasto público.
En este contexto, el gobierno ha tenido que flexibilizar la regla fiscal de deuda pública y de déficit fiscal ya que no se ha cumplido con las metas acordadas hace algunos años. Actualmente, la deuda pública no debe superar el 38 %; sin embargo, en el mediano plazo, esta meta se mantiene en el 30 %, nivel que se espera alcanzar, según las proyecciones del propio MEF, para el año 2030.
Hay que señalar también que la mayor parte de los acreedores de la deuda peruana corresponde a tenedores de bonos soberanos en mercados locales e internacionales, lo cual, si bien significa que existe un acceso a fuentes diversificadas, también representa un riesgo de mercado debido a la volatilidad de las tasas de interés y los tipos de cambio. Además, el peso mayoritario de bonistas complica el escenario en una eventual situación de plantear una renegociación de la deuda.
En los últimos años, el nuevo endeudamiento corresponde a la emisión de bonos soberanos en el mercado local con la finalidad de dar “Apoyo a la Balanza de Pagos”, es decir, para pagar deuda antigua. Este es un indicio claro de que se mantiene la política de “ruletear” la deuda, profundizando así el perfil de una economía que se caracteriza por ser cortoplacista, además de ser marcadamente dependiente de actividades primario-exportadoras y sujeta al vaivén de los mercados y la especulación.
Un aspecto crítico es el servicio de la deuda, es decir, el pago de intereses y las amortizaciones del principal. En el caso peruano, este rubro representa actualmente alrededor del 12% del presupuesto nacional, lo que significa que una porción significativa de los recursos públicos se destina al cumplimiento de obligaciones financieras en lugar de canalizarse hacia sectores clave para el desarrollo y la protección de la población.
Los últimos datos respecto a la ejecución de recursos, muestran que, en 2024, el servicio de la deuda se llevó casi el 11% de los recursos totales del presupuesto, rubro que está entre los primeros en cuanto al monto gastado, solo por debajo de educación (19,3 %) y salud (12,8 %), y para el presupuesto del año en curso se espera que se terminen destinando el 10,2 % al pago de deuda.
El proyecto de presupuesto público para el 2026 señala que el servicio de deuda representará el 12,6 % del total, es decir, un incremento de 2,4 puntos porcentuales respecto al año anterior en detrimento de otros sectores importantes, como el de Educación, que retrocederá del 19,7 % al 18,9 % del presupuesto de un año a otro. Al mismo tiempo, la obtención de recursos por endeudamiento en el 2026 sería de un 12,4 % del total de los ingresos, es decir, casi la misma cantidad de lo que estaremos pagando por servicio de deuda.
Los niveles de gasto en sectores prioritarios están muy por debajo de los recomendados internacionalmente —en el caso de Perú, el gasto en educación está en 3,9 % del PBI y en salud en un 2,6 % del PBI—, y es uno de los factores causantes de los problemas de acceso y calidad de estos servicios públicos básicos, impidiendo que se garantice el derecho de las personas.
La inversión en sectores vinculados estrechamente a los derechos no debería estar limitada por el cumplimiento de las obligaciones financieras, pero los hechos demuestran lo contrario. Esta dinámica responde a una conducta propia de quienes toman las decisiones en el ámbito nacional con la finalidad de mantener una imagen de buenos pagadores y generar la confianza de los mercados financieros, pero también está condicionada por las reglas internacionales de un sistema financiero que es manejado por los intereses de los acreedores y por quienes se benefician de la especulación y las crisis de las naciones en desventaja.
Por todo lo señalado, es necesario no solo ampliar la recaudación de recursos y lograr una mejor distribución de los mismos, sino que se hace urgente una reforma de la arquitectura financiera internacional que permita un financiamiento justo, con mecanismos de prevención y reglas claras en casos de problemas de deuda, priorizando la necesidad de los deudores y que vayan primordialmente en beneficio de los países del Sur global de modo que puedan implementar políticas redistributivas y de transición hacia un desarrollo más sostenible y centrado en derechos.
REFERENCIAS
MEF – Consulta amigable ejecución presupuestal
https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2025&ap=ActProy
Exposición de motivos – Presupuesto del sector público 2026
https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/sectr_publ/proy_2026/EM_PL_Presupuesto_SP_2026.pdf
Marco Macroeconómico Multianual 2026-2029
