El mundo enfrenta crisis ambientales, sociales y económicas que exigen soluciones urgentes e integrales. En este escenario, el Acuerdo de Escazú se presenta como un marco legal innovador que promueve la justicia ambiental, la participación ciudadana efectiva y el acceso a información para enfrentar los retos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad en América Latina y el Caribe.

Este informe propone una Transición Social-Ecológica, Justa y Popular (TSEJP), con un enfoque que vincula la justicia social y ambiental, promoviendo modelos alternativos al sistema extractivista actual. A través del fortalecimiento del Acuerdo de Escazú, se busca un camino hacia un desarrollo inclusivo y sostenible que proteja la vida, la biodiversidad y los derechos humanos.