Descripción
El estudio “Recortes que cuestan derechos: vuelven las políticas de austeridad en América Latina y el Caribe” analiza el retorno de las políticas de ajuste fiscal en la región y sus implicaciones económicas, sociales y democráticas. El informe sostiene que, tras el aumento del gasto público durante la pandemia, varios gobiernos latinoamericanos están impulsando una nueva etapa de consolidación fiscal, orientada a reducir déficits y estabilizar la deuda pública. Sin embargo, el estudio argumenta que este proceso se está implementando principalmente mediante recortes al gasto público, en lugar de reformas que aumenten los ingresos fiscales de manera progresiva.
El reporte parte de un marco conceptual que define la austeridad como un conjunto de políticas destinadas a reducir el déficit fiscal mediante la restricción del gasto público, el control del empleo estatal y la reducción de programas sociales. Estas políticas suelen justificarse como necesarias para asegurar la estabilidad macroeconómica y mantener la confianza de los mercados financieros y de organismos internacionales. No obstante, el estudio sostiene que la austeridad no es una medida técnica neutral, sino una decisión política que refleja prioridades sobre cómo se distribuyen los costos del ajuste.
Uno de los hallazgos centrales es que el retorno de la austeridad en América Latina se produce en un contexto particularmente complejo. La región enfrenta bajo crecimiento económico, alta informalidad laboral, aumento de la desigualdad y sistemas de protección social débiles. En ese escenario, los recortes presupuestarios pueden profundizar las brechas sociales y debilitar la capacidad de los Estados para garantizar derechos básicos.
El informe señala que los ajustes fiscales en la región comparten ciertas características comunes. Entre ellas destacan la reducción del gasto social, el congelamiento o disminución de salarios en el sector público, la reducción de subsidios y la disminución de la inversión pública. En algunos casos también se observan estrategias de austeridad más indirectas, como la subejecución presupuestaria, que consiste en aprobar presupuestos formales pero no ejecutarlos completamente durante el año fiscal.
Un elemento clave que resalta el estudio es la persistencia de sistemas tributarios regresivos en muchos países latinoamericanos. A pesar de las necesidades fiscales, la mayoría de los gobiernos continúa dependiendo en gran medida de impuestos al consumo, como el IVA, mientras que la tributación sobre grandes patrimonios, rentas altas o ganancias empresariales sigue siendo relativamente limitada. Esta estructura fiscal implica que los costos del ajuste recaen de forma desproporcionada sobre los hogares y los sectores de menores ingresos.
El reporte analiza también casos nacionales —como Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Costa Rica y El Salvador— para ilustrar cómo se están aplicando estas políticas en distintos contextos. Aunque cada país presenta particularidades políticas y económicas, el estudio identifica un patrón regional: la disciplina fiscal se prioriza incluso cuando implica recortes en áreas clave para el bienestar social. En algunos casos, la presión de organismos financieros internacionales o de reglas fiscales estrictas contribuye a reforzar estas estrategias de consolidación.
Según el informe, las consecuencias de estas políticas pueden ser significativas. Entre los efectos señalados se encuentran el deterioro de servicios públicos como salud y educación, la reducción de programas de protección social y el debilitamiento de la capacidad del Estado para responder a crisis económicas o sociales. Además, el estudio advierte que estas dinámicas pueden afectar la cohesión social y la legitimidad democrática, al aumentar el descontento ciudadano frente a políticas percibidas como injustas.
El reporte también destaca que la austeridad suele generar respuestas de la sociedad civil, incluyendo protestas sociales, movilizaciones sectoriales y campañas por reformas fiscales más progresivas. Estas reacciones reflejan disputas sobre las prioridades del gasto público y sobre quién debe asumir el costo de estabilizar las finanzas públicas.
En sus conclusiones, el estudio plantea que el desafío para la región no es únicamente equilibrar las cuentas fiscales, sino hacerlo de manera compatible con el bienestar social y la reducción de la desigualdad. Para ello, sugiere que los países deberían considerar estrategias fiscales más equilibradas, que combinen sostenibilidad macroeconómica con sistemas tributarios más progresivos y políticas públicas orientadas a garantizar derechos sociales.
En síntesis, el informe argumenta que el retorno de la austeridad en América Latina no solo tiene implicaciones económicas, sino también sociales y políticas, ya que define cómo se distribuyen los recursos públicos y quiénes asumen el costo del ajuste fiscal.
Publicado el 11 marzo de 2026






