Latindadd

Tributación ambiental, financiamiento climático y flujos ilícitos en América Latina

La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, LATINDADD, pone a su disposición el informe titulado “Tributación ambiental, financiamiento climático y flujos ilícitos en América Latina”, que analiza los avances en la aplicación y aprovechamiento de esquemas de tributación ambiental en cinco países de América Latina, como respuesta a las demandas globales, regionales y locales de liderar acciones que contrarresten el cambio climático, producto del incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero, y sus diversas implicaciones.

Categories: ,

Descripción

Si bien los impuestos ambientales —y más específicamente, a los combustibles fósiles y a las emisiones de gases contaminantes— no son una sugerencia nueva, este diagnóstico invita a revisar qué tanto se ha alcanzado el potencial de estas iniciativas en la región. Por tanto, se revisa detalladamente las características de su aplicación (hecho generador, sujetos pasivos, alcance de aplicación, exenciones, destino de la recaudación, etc.), para identificar aquellas que se correlacionen más directamente con los impactos ambientales, económicos y sociales deseados.

Asimismo, se revisa la contraparte de los impuestos: los subsidios. En este caso, la exploración se centra en los subsidios a los combustibles, en su diseño, objetivos e implicaciones en el marco del combate al cambio climático y sus efectos paralelos, económicos y sociales.

En este sentido, este diagnóstico presenta un análisis de los impactos de los tributos y subsidios mencionados, en los países seleccionados. Lo anterior no se limita a elementos ambientales, sino que incluye una perspectiva fiscal y social que confirma el protagonismo de la justicia fiscal para la consecución de sociedades con sistemas de protección, producción y consumo que estén a la altura de los retos contemporáneos.

Finalmente, el estudio incorpora elementos para el combate de los flujos financieros ilícitos como respuesta a la pérdida de recursos fiscales causados por el abuso fiscal, necesarios para el financiamiento de políticas que mitiguen los impactos generados por el cambio climático y así impulsar la movilización de recursos domésticos en el marco de la agenda 2030.