El informe “Estudios sobre Justicia Fiscal y el Derecho Humano a la Educación: Caso Panamá” sostiene que garantizar una educación pública de calidad depende de la existencia de un sistema de justicia fiscal capaz de generar y distribuir recursos de manera equitativa. A partir de un análisis jurídico, económico y tributario, demuestra que, aunque Panamá ha logrado incorporar en su legislación la meta de destinar el 7% del PIB a educación como resultado de décadas de movilización del movimiento magisterial, su implementación enfrenta importantes obstáculos derivados de un modelo económico altamente abierto, basado en servicios y regímenes fiscales especiales que reducen la capacidad recaudatoria del Estado.

El estudio evidencia que la baja presión tributaria, las amplias exenciones fiscales, la evasión y la elusión limitan la inversión en infraestructura escolar, formación docente y condiciones de aprendizaje, profundizando las desigualdades entre zonas urbanas, rurales e indígenas. Asimismo, analiza la estructura de las finanzas públicas y concluye que el sistema tributario mantiene rasgos regresivos, al depender en gran medida de impuestos indirectos que afectan proporcionalmente más a los hogares de menores ingresos, mientras que sectores empresariales de alta rentabilidad se benefician de incentivos y tratamientos preferenciales. Aunque la inversión educativa ha aumentado y existe una correlación positiva entre el gasto por estudiante y el número de graduados, ello no se ha traducido automáticamente en mejoras en la calidad educativa debido a problemas de ejecución, focalización y eficiencia del gasto.

El informe también incorpora un enfoque de género y sostenibilidad, señalando que las brechas educativas afectan con mayor intensidad a mujeres, comunidades indígenas y poblaciones vulnerables. Finalmente, plantea que una reforma fiscal progresiva, orientada a reducir privilegios tributarios, fortalecer la recaudación y mejorar la calidad del gasto público, permitiría financiar inversiones estratégicas en infraestructura, alimentación escolar, capacitación docente y conectividad, convirtiendo a la educación en un verdadero motor de desarrollo, equidad y movilidad social en Panamá.