Deuda, crisis climática y extractivismo en Surinam

Surinam se encuentra en la costa noreste de América del Sur. Con una superficie de 164.000 km² y una población de aproximadamente 600.000 personas, el país tiene una densidad de población muy baja. Alrededor del 70 % de la población vive en las áreas urbanas y rurales costeras.

Surinam es un país de Alta Cobertura Forestal y Baja Deforestación, con un 93 % de su territorio cubierto por bosques y grandes reservas naturales. Forma parte de la Amazonía, un ecosistema crucial que no solo proporciona alimentos, agua, madera y medicinas a sus habitantes y al resto del mundo, sino que también ayuda a estabilizar el clima mediante el almacenamiento de carbono y la producción del 6 % del oxígeno mundial. En otras palabras, Surinam absorbe más dióxido de carbono del que emite.

Descripción

Hay aproximadamente 42 aldeas indígenas y 350 aldeas y asentamientos Maroon, la mayoría ubicados en el interior del país. Algunas son accesibles por carretera, pero muchas solo se pueden alcanzar en barco o avión. Aunque Surinam tiene un índice de 0.730 en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2021-2022, existen grandes disparidades geográficas, lo que hace que el IDH ajustado por desigualdad del país caiga a 0.530 (PNUD, 2022). Los pueblos indígenas y cimarrones que viven en el interior a menudo tienen poco acceso (y menor calidad) a servicios sociales básicos, como educación, atención médica, electricidad y agua potable.

Además, el interior del país es donde se desarrollan las principales actividades extractivas, como la minería de oro (formal e informal) y la explotación forestal (legal e formal). Los derechos colectivos sobre las tierras de los pueblos indígenas y otras comunidades tribales aún no han sido reconocidos por el Estado, a pesar de que dos fallos separados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2007 y 2015) han ordenado este reconocimiento. Surinam también ha aceptado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que incluye la obligación de consultar y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas a través de sus instituciones representativas para obtener su consentimiento libre, previo e informado antes de adoptar e implementar medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles. Sin embargo, la realidad muestra que esto no se implementa, y se siguen otorgando permisos de minería y tala en o cerca de las aldeas.