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Latindadd

Análisis de la situación económica y social de Haití

Este informe presenta un estudio en profundidad de la situación socioeconómica actual en Haití, realizado con el fin de analizar las percepciones de la población sobre la crisis económica, las desigualdades sociales y la inseguridad. El estudio, realizado entre 36 encuestados, pone de manifiesto una situación económica alarmante, caracterizada por una elevada inflación, un desempleo creciente y una mala gestión de los recursos públicos.

Elaborado por ONG OVDDHMO y Latindadd.

Disponible solo en francés

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Descripción

Principales conclusiones y resultados

Conclusiones de carácter económico

  • Percepción negativa generalizada: alrededor del 90 % de los encuestados considera que la situación económica es “muy mala” o “mala”, debido a la elevada inflación, el desempleo y la mala gestión de los recursos públicos.
  • Colapso del poder adquisitivo: el PIB per cápita pasó de 1693 dólares estadounidenses en 2019 a 1320 dólares en 2025, acompañado de una inflación que alcanza el 30,5 %, lo que hace que los productos básicos sean inasequibles.
  • Predominio del sector informal: El sector informal, que emplea a alrededor del 80 % de la población activa, compensa el desempleo masivo, pero escapa al control del Estado.
  • Violencia y economía paralizada: Las bandas armadas bloquean las vías de comunicación y frenan las inversiones, agravando la recesión.
  • Empobrecimiento generalizado: La disminución de la capacidad de ahorro, el incremento de los precios, los rescates y la pérdida de patrimonio afectan gravemente a la clase media.
  • Sectores devastados: la agricultura (65 %), el comercio informal (55 %) y los servicios (50 %) son los más afectados. La industrialización sigue siendo marginal.
  • Desigualdades persistentes: más del 60 % de los encuestados denuncia una mala redistribución de la riqueza por parte del Estado, lo que acentúa la marginación.

Observaciones de orden social

  • Desplazamientos masivos: más de 1,2 millones de personas desplazadas dentro del país y 100 000 migrantes en el extranjero entre 2020 y 2025, huyendo de la inseguridad.
  • Familias desestructuradas y violencia: bandas armadas responsables de saqueos, incendios y violencia sexual a gran escala.
  • Acceso a servicios esenciales comprometido: cierre de escuelas, universidades y hospitales debido a la inseguridad; acceso muy limitado al agua potable en los barrios desfavorecidos.
  • La inseguridad como principal desafío: el Estado lucha por restablecer un mínimo de estabilidad social en 2025.
  • Proliferación de las desigualdades: el 80 % de los encuestados considera que las desigualdades dificultan el acceso a los servicios para los jóvenes, las mujeres y los grupos vulnerables.
  • La acción de las ONG se considera ineficaz: las intervenciones se perciben como selectivas, centradas en el funcionamiento en detrimento de proyectos comunitarios sostenibles. Las prioridades sugeridas son: agricultura, industria, educación e innovación.

Observaciones de carácter político

  • Crisis política persistente: la inestabilidad se atribuye a la corrupción, la impunidad, la falta de liderazgo y la injerencia extranjera.
  • Colapso de los servicios públicos: la administración está paralizada en varias regiones debido a la presión de las bandas.
  • Responsabilidades compartidas: El Estado, el sector privado, los actores políticos y la comunidad internacional (Estados Unidos, Canadá, Francia) son considerados responsables de la crisis de seguridad.
  • Reformas esperadas: Los encuestados piden una renovación política, un sistema judicial independiente, una reforma del Estado y una lucha activa contra la corrupción.
  • Rechazo de la clasificación económica: La clasificación de Haití como país de ingreso medio se considera inadecuada y arriesgada sin reformas estructurales.

Ante las alarmantes constataciones de colapso económico, social y político, se imponen recomendaciones concretas para responder a las necesidades urgentes del país. Las propuestas que figuran a continuación tienen por objeto restaurar la estabilidad, fortalecer las instituciones y promover un desarrollo inclusivo y sostenible.

  • Fortalecimiento de la agricultura y la industria: Es importante apoyar la agricultura local con infraestructuras modernas y políticas de subvenciones agrícolas. Se debe prestar especial atención a la creación de cadenas de valor agrícolas para diversificar los ingresos de las familias.
  • Reformas en materia de gobernanza y transparencia: La población exige una mejor gestión de los recursos públicos, con especial énfasis en la lucha contra la corrupción. El establecimiento de un gobierno más transparente y responsable es esencial para recuperar la confianza de la población.
  • Mejora del acceso a los servicios básicos: Los gobiernos y las organizaciones internacionales deben trabajar juntos para mejorar el acceso a servicios esenciales como la salud, la educación y el agua potable. El transporte para acceder a estos servicios también debe ser más asequible.
  • Protección de las poblaciones vulnerables: Las políticas deben centrarse en la reducción de las desigualdades, especialmente en lo que respecta al acceso a la educación y al empleo para las mujeres y los jóvenes. La promoción de los derechos de las mujeres y la mejora de la protección de los niños contra el maltrato también son prioridades.
  • Reembolso de la deuda histórica impuesta por Francia, en particular la de 1825, como medida de reparación.
  • Reforma fiscal destinada a ampliar la base impositiva y reforzar la recaudación efectiva de impuestos, en particular mediante la instauración de mecanismos de control, presión e incentivos para que los contribuyentes, en particular las élites económicas, cumplan con sus obligaciones fiscales.
  • Fortalecimiento de las instituciones mediante políticas de transparencia, independencia judicial y lucha contra la corrupción.
  • Reconocimiento oficial del papel estratégico de la diáspora en el desarrollo nacional.
  • Nueva arquitectura de la ayuda internacional, basada en la construcción conjunta con las instituciones locales, la sociedad civil y las comunidades.
  • Clasificación internacional revisada, que tenga en cuenta criterios sociales, medioambientales y de justicia histórica.