Este documento analiza el papel de las agencias de calificación crediticia desde una perspectiva de género y evidencia cómo sus metodologías pueden profundizar desigualdades estructurales, especialmente en los países del Sur Global. El análisis muestra que la presión por mantener o mejorar las calificaciones soberanas puede favorecer políticas de austeridad y recortes en salud, educación, protección social y cuidados, trasladando mayores responsabilidades hacia los hogares y, de manera desproporcionada, hacia las mujeres. Frente a estas limitaciones, el documento plantea la necesidad de avanzar hacia marcos de calificación alternativos que incorporen la igualdad de género, la inversión social, la resiliencia climática y el desarrollo sostenible como dimensiones relevantes para evaluar la sostenibilidad económica de los países.