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Economía Feminista

¿Cómo se ve la justicia tributaria desde un enfoque feminista?

La justicia tributaria desde un enfoque feminista tiene una amplitud de dimensiones. En este artículo se señalan dos en particular. El primero pone en cuestionamiento el carácter neutral de los sistemas tributarios tanto desde el punto de vista de género como de otras categorías analíticas como la clase, que además se entrecruzan. Desde esta perspectiva, se asume que la forma en que se diseña la política tributaria tiene la potencialidad de contribuir a reducir las desigualdades de género o a profundizarlas.

El sistema tributario tiene como objetivo recaudar los recursos suficientes para financiar las políticas que garantizan los derechos de la ciudadanía y en particular el de las mujeres. La persistencia de brechas entre hombres y mujeres, y entre mujeres, así como la escasa prioridad fiscal de políticas de cuidado o contra la violencia de género muestran que los estados no están generando los recursos necesarios.

América Latina además se caracteriza por un alto peso de los impuestos indirectos y elevados niveles de evasión y privilegios tributarios corporativos, por lo que además de recaudar poco recauda de manera injusta afectando desproporcionadamente a las mujeres, sobre quienes ya pesan también excesivamente las responsabilidades de reproducción social reflejadas en la gran cantidad de horas de trabajo no remunerado que se suman a las horas de trabajo remuneradas.

La segunda dimensión abordada desde la mirada feminista es el análisis del sistema tributario como parte de una política fiscal también integrada por el gasto y el financiamiento o la deuda pública. La baja presión tributaria no solo significa la limitada capacidad estatal de garantizar derechos, también termina traduciéndose en el aumento de la deuda pública.

En el largo plazo, la sostenibilidad de la deuda en la región ha significado la implementación de reglas fiscales que implicaron la reducción del gasto público social en salud y educación o el casi inexistente financiamiento de políticas de cuidado o contra la violencia (Serafini y Fois, 2021) a través de las llamadas políticas de ajuste estructural en los ochentas y noventas y políticas de austeridad en la última década (Oulhaj y Berdeja, 2023).  Los pagos de los compromisos de deuda se realizan en el marco de un sistema tributario sostenido por impuestos indirectos y con un escaso impacto multiplicador de las obras realizadas por los fondos provenientes del endeudamiento. Las reglas fiscales permiten el endeudamiento para gasto de capital o infraestructura, pero en estas no se incluyeron por ejemplo, infraestructura de cuidado, como por ejemplos centros de atención para la infancia o para personas mayores.

Al contrario, la retracción del Estado de los servicios públicos esenciales impulsa a los hogares a contratar servicios privados que involucra el endeudamiento de los mismos o una mayor sobrecarga de trabajo no remunerado.

Estas características -baja recaudación, inequidad tributaria, elevada deuda pública- son el resultado de decisiones políticas a nivel nacional e internacional que anteponen los intereses del capital a los derechos humanos y de las mujeres, en particular.

Las bajas tasas tributarias corporativas y a los ingresos altos, la inexistencia de instrumentos efectivos para combatir la evasión, elusión y flujos financieros internacionales ilícitos así como la persistencia de guaridas fiscales son el reflejo de la influencia que tiene capital. La otra cara de esta misma moneda son el endeudamiento público y el endeudamiento de los hogares, así como el aumento del rol del sector privado en la provisión de bienes públicos y semipúblicos.

Un sistema tributario que no contribuye con recursos suficientes y justos al financiamiento del Estado de bienestar individualiza en las mujeres la responsabilidad de la reproducción social y el cuidado, promoviendo además una mayor participación del sector privado en la provisión de servicios o de créditos para su adquisición. Así, el Estado se convierte en un impulsor de los beneficios empresariales en lugar de garantizar los derechos humanos y reducir las desigualdades de género.

Texto elaborado por Verónica Serafini, asesora en género y economía en Latindadd.

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