El reciente terremoto ocurrido en Venezuela agrava aún más la complejidad de una situación económica y financiera marcada por años de crisis, restricciones externas y elevados niveles de vulnerabilidad social. En este contexto, cualquier discusión que busque estabilizar financieramente el país, incluyendo una eventual reestructuración de su deuda pública, debe considerar las necesidades inmediatas de reconstrucción, recuperación económica y protección de la población afectada.
El país sudamericano ya había anunciado algunos meses atrás el inicio de un proceso de negociación de su deuda, aunque hasta el momento lo único que se sabe es que el monto adeudado es mayor a lo que se tenía registrado, y que el FMI no es partícipe de dicho proceso. Esto último es un punto a favor del país dados los antecedentes negativos de las intervenciones de entidades como el FMI en las políticas de las economías a las que brinda asesoría técnica y apoyo financiero.
Este tipo de eventos, así como otros desastres naturales de gran magnitud, hacen necesario que se implementen medidas que permitan hacer ajustes excepcionales en los calendarios de pago, períodos de gracia ampliados y mecanismos de alivio de deuda que permitan liberar recursos fiscales para atender la emergencia. Los acreedores, tanto públicos como privados, deberían reconocer que la sostenibilidad de la deuda depende en última instancia de la capacidad del país para reconstruir su economía y restablecer condiciones mínimas que permitan recuperarse, salvaguardando la vida de las personas.
Por su parte, es importante que Venezuela ejerza un liderazgo claro en el proceso de renegociación, lo cual implica fortalecer la transparencia sobre la situación de la deuda, así como presentar una estrategia integral de recuperación y reconstrucción, en el marco de un diálogo amplio con acreedores, incluyendo a los organismos multilaterales que pueden ofrecer nuevos recursos financieros y en mejores condiciones, con efectiva transparencia de todo el proceso hacia la población. La implementación de un marco de sostenibilidad de deuda vinculado a objetivos de desarrollo y resiliencia climática, que considere las necesidades de reconstrucción de infraestructura y atención de la emergencia, contribuiría en gran medida a que el país se encamine hacia una recuperación más rápida.
Ante esta situación y la urgente necesidad de afrontar las consecuencias del terremoto, se hace necesario tomar medidas de corto y mediano plazo, tales como: (i) la cancelación de las obligaciones financieras durante un periodo determinado que permita superar la emergencia; (ii) la movilización de financiamiento concesional para la reconstrucción y el cuidado de la vida de las personas afectadas; (iii) la incorporación de cláusulas automáticas de contingencia en futuros acuerdos ante la ocurrencia de eventos adversos externos (desastres naturales, pandemias, guerras, etc.); y iv) hacer efectivo el uso de los Derechos Especiales de Giro que fueron otorgados a Venezuela como parte de la emisión global de 2021 pero que fueron bloqueados en su momento.
La crisis generada por el terremoto ofrece una oportunidad para que acreedores y autoridades venezolanas impulsen un proceso de reestructuración orientado no solo a restaurar la sostenibilidad financiera, sino también a sentar las bases para una gestión de la deuda más justa y soberana.
Artículo redactado por Rodolfo Bejarano, analista senior de Nueva Arquitectura Financiera.
