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Nueva Arquitectura Financiera

Organizaciones que trabajan en deuda y justicia climática denuncian problemas con el canje de deuda de Galápagos

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Mayo 2023

El reciente canje parcial de deuda que involucra las reservas marinas de Galápagos en Ecuador, se intenta posicionar, tanto por el gobierno de ese país como por las entidades financieras que participaron, como un caso ejemplar de movilización de fondos nuevos y adicionales para la conservación, pero en realidad está muy lejos de serlo. Este pronunciamiento representa la posición conjunta de organizaciones nacionales, regionales y globales que trabajan temas de deuda y justicia climática en base a las implicaciones negativas observadas sobre la soberanía, la transparencia y la integridad de esta operación. 

El pasado 9 de mayo de 2023, el gobierno ecuatoriano anunció con bombos y platillos el canje de deuda por conservación de la naturaleza más grande del mundo y el más importante en la historia de la humanidad, con el cual se generaría un ahorro de 1.100 millones de dólares en su deuda, liberando un monto de 450 millones para la protección de las Islas Galápagos. Sin embargo, un análisis más detallado nos muestra que no sería tan beneficioso para el país sudamericano. En primer lugar, la intervención de diversos intermediarios del sector privado, muchos de ellos ligados al sector financiero – a los que se suman el BID y la Corporación Financiera de Desarrollo de los EE.UU.- da cuenta de la captura de estos mecanismos de conversión de deuda como una más de las opciones de financiarización del desarrollo y la naturaleza, por parte de estos actores, que representa además altos costos de transacción para el país. 

En segundo lugar, la transacción involucra una serie de operaciones de emisión de bonos, recompra, garantías y seguros, bajo condiciones que no son del todo transparentes y que ponen en tela de juicio quién es el verdadero beneficiario y si realmente se cumplirán los objetivos ambientales trazados. 

Tercero, las decisiones sobre el uso de los recursos se dará en el ámbito de una entidad privada creada extraterritorialmente bajo el poder de decisión de actores privados (la junta del fondo Galápagos Life Fund tiene 11 miembros, de los cuales 6 son del ámbito privado y 5 del gobierno ecuatoriano) afectando el ejercicio de  la soberanía del país sobre esta importante reserva natural.

En suma, la transacción financiera realizada exhibe problemas de falta de integridad, transparencia y socava la soberanía de Ecuador sobre la sostenibilidad fiscal y la protección de la biodiversidad. Adicionalmente, el acuerdo de Galápagos no facilita fondos suficientes para la conservación de las reservas marinas identificadas y no implica una reducción significativa de la deuda. 

El uso de un plan de canje de deuda mal diseñado puede implicar riesgos y desafíos significativos para países del sur global, limitando su soberanía y evitando soluciones más integrales, justas y a gran escala ante sus problemas de deuda. 

Se identificó que el canje de deuda por naturaleza de Galápagos presenta los siguientes desafíos y riesgos:

1. La reducción del valor nominal de la deuda producto del canje es insuficiente para resolver la crisis de la deuda en Ecuador.

2. Los fondos liberados dejan un déficit para satisfacer las necesidades de financiamiento para la conservación de Galápagos.

3. El canje asocia condicionalidad, socavando la participación ciudadana y la apropiación democrática.

4. No crea recursos financieros nuevos y adicionales.

5. Implica altos costos de transacción, beneficiando a un pequeño grupo de empresas privadas y varias características de lavado verde.

6. Se ha negociado sin brindar información transparente y oportuna a la ciudadanía, incumpliendo procedimientos sobre debida diligencia en materia ambiental.

7. Otorga a un minúsculo y privilegiado grupo de empresas privadas extranjeras el derecho a decidir sobre cómo administrar un área de conservación prístina e importante como Galápagos, socavando el derecho soberano y la obligación del gobierno ecuatoriano, tanto a nivel central como local.

8. Desvía la atención de las soluciones que Ecuador necesita con urgencia dada su vulnerabilidad a los riesgos climáticos físicos y de transición.

9. Sostiene el desequilibrio de poder en la arquitectura de deuda actual, donde los países prestatarios en riesgo están subordinados a los intereses de los acreedores privados.

Ante un posible uso más frecuente de estos mecanismos en los canjes de deuda por naturaleza, exhortamos a las instituciones financieras internacionales, bancos regionales, países acreedores y prestatarios a basarlos en los pilares de transparencia, soberanía y equidad, donde se priorice el interés público por sobre el privado, en un marco de responsabilidad histórica de aquellos que tienen el dominio financiero y son los mayores depredadores de la naturaleza. 

Las autoridades de control y supervisión ecuatorianas deben fiscalizar ésta y demás transacciones que involucren recursos del Estado, de modo que los esfuerzos estén dirigidos a garantizar una debida conservación de la naturaleza y una transición justa hacia una economía climáticamente resiliente y sostenible, renovando el pacto social del Ecuador en base a un modelo de desarrollo sostenible.

Más allá de los procesos a pequeña escala de canjes de deuda por naturaleza, nuestra atención y acción deben centrarse en lo que realmente se necesita para abordar la deuda y las crisis climáticas: una nueva arquitectura financiera internacional que considere la cancelación/reestructuración de la deuda a gran escala con participación de todos los acreedores, un consenso renovado sobre la responsabilidad de los acreedores y deudores, y ampliar significativamente el financiamiento climático público nuevo, adicional, sin condiciones y basado en donaciones.


Elaborado por: Latindadd, Eurodad, CDES Ecuador

Firma aquí: https://bit.ly/deudapornatura


Debt and climate justice organizations identify major pitfalls in the Galapagos debt-for-nature swap

May 2023

The recent debt-for-nature swap involving the marine reserves of Galapagos in Ecuador has been positioned by the Ecuadorian government and financial institutions involved as a successful test case for mobilizing new and additional conservation funding. In reality it is very far from that. This statement represents the joint position from debt and climate justice organizations based on an analysis of the implications of this agreement on sovereignty, transparency and integrity.

On May 9th 2023, the Ecuadorian government announced with great fanfare the largest debt-for-nature swap ever undertaken. This would generate savings of US$ 1.1 billion in its debt, releasing US$ 450 million for the protection of the Galapagos Islands. 

However, a more detailed analysis reveals that this agreement is not as beneficial for the South American country as it might initially appear. Firstly, the intervention involves various private sector intermediaries, many of them linked to the financial sector, including the Inter American Development Bank (IADB) and the  US Development Finance Corporation. These kinds of debt conversion mechanisms amount to “nature and development’s financialization”. They are promoted by these actors, and they involve high transaction costs for the country.

Secondly, the debt-for-nature swap involves several transactions including bonds issuance, repurchase, guarantees and insurance operations, under conditions that are not transparent and that call into question the real beneficiary and whether the environmental objectives will be achieved.

Thirdly, decisions on the use of resources will be made by a private entity created outside Ecuador under the decision-making power of private stakeholders (the board of the Galapagos Life Fund has 11 members, of which 6 are from the private sector and 5 from the Ecuadorian government), affecting the country’s sovereignty over this important natural reserve.  

In summary, this financial transaction exhibits a lack of integrity and transparency and undermines Ecuador’s sovereignty over fiscal sustainability and biodiversity protection. Furthermore, the Galapagos deal does not provide sufficient funds for the conservation of the identified marine reserves and does not imply a significant debt reduction.

The use of this poorly designed debt-swap blueprint could also pose significant risks and challenges to other  countries in the Global South, limiting their sovereignty and averting more comprehensive, fair and large-scale solutions to their debt problems.

The Galapagos debt-for-nature swap presents the following challenges and risks: 

  1. The reduction of the debt’s nominal value as a result of the swap is unlikely to cancel enough debt to meaningfully contribute to solving Ecuador’s crisis.
  2. It is unlikely to liberate enough funds to achieve Galapagos’ conservation funding needs.
  3. It includes conditionality, undermining citizen participation and democratic ownership.
  4. It does not create new and additional funding.
  5. It involves high transaction costs, benefiting a small group of private companies, and includes various greenwashing features.
  6. It has been negotiated without providing transparent and timely information to the citizens, breaching due diligence procedures in environmental matters. 
  7. It grants to a small and privileged group of foreign private companies the right to decide how to manage a pristine and important conservation area such as Galapagos, undermining the sovereign right and obligation of the Ecuadorian government, both at the central and local level. 
  8. It distracts attention away from the solutions Ecuador urgently needs given its vulnerability to climate risks, both physical and transitional. 
  9. It sustains the imbalance of power in the current debt architecture, where borrower countries are subordinated to private creditors’ interests.

We urge the international financial institutions, regional banks, creditors and borrower countries to base any future debt-for-nature swaps on the pillars of transparency, sovereignty and fairness, prioritizing public interest over private, in a framework of historical responsibility of those who have financial control and are most responsible for climate extreme events and the erosion of nature.

The government and the responsible authorities of Ecuador must monitor this and other transactions that involve State resources, so that efforts are geared towards guaranteeing proper conservation of nature, and a fair transition towards a climate-resilient and sustainable economy, which renews Ecuador’s social pact based on a sustainable development model. 

Beyond small-scale processes of debt-for-nature swaps, our attention and action must be focused on what is really needed to address the debt and climate crises: a new international financial architecture that considers debt cancellation/restructuring on a large scale with the participation of all creditors, and a renewed consensus on creditor and debtor responsibility. This must be coupled with the significant scaling up of new, additional, unconditional and grant-based public climate finance. 
Prepared by: Latindadd, Eurodad, CDES Ecuador

SIGN HERE: https://bit.ly/deudapornatura

1 Comment

  • Róger Carchipulla 5 de junio de 2023

    Nefasta pérdida de soberanía y la introducción de un riesgo para un patrimonio natural que le pertenece al Ecuador, no a cualquier fundación.

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