El 24 de diciembre de 2024, el papa Francisco anuncia el inicio del Año Jubilar 2025 haciendo un llamado a reformar la arquitectura financiera internacional relacionada con el manejo de la deuda pública y la condonación a los países que tienen una carga insostenible de la deuda, afectando los gastos esenciales en salud, educación, protección social y cuidados.
La iniciativa tiene origen en la crisis de la deuda que enfrenta el mundo y sus consecuencias en “la miseria y la angustia, y privando a millones de personas de la posibilidad de un futuro digno”.
El papa Francisco pidió la creación “de un mecanismo multinacional, basado en la solidaridad y la armonía de los pueblos”. “A los pueblos no les sirve cualquier forma de financiación, sino aquella que implica una responsabilidad compartida entre quien la recibe y quien la otorga. El beneficio que ésta pueda aportar a una sociedad depende de sus condiciones, de cómo se use y de los marcos en los que se resuelvan las crisis de las deudas que puedan producirse”.
Este mandato lo continúa el papa León XIV reforzando la urgencia de abordar la crisis de la deuda desde una perspectiva de justicia y dignidad humana. Para América Latina y el Caribe, una de las regiones más endeudadas del Sur Global, el Jubileo 2025 representa un momento clave para denunciar cómo el pago de la deuda drena recursos que deberían destinarse a derechos fundamentales. La campaña abre así una ventana de oportunidad para impulsar reformas profundas en la arquitectura financiera internacional para hacer que la vida de los pueblos esté por encima de los intereses financieros.
Es urgente un mecanismo multilateral en el que se debatan y resuelvan los temas relacionados a la deuda pública, cuestionando los mecanismos actuales centrados en la protección de los beneficios de los prestamistas y acreedores a costa de la protección a las personas en los países deudores.
El análisis de la sostenibilidad de la deuda, las reglas fiscales, y las evaluaciones de las agencias de calificación crediticia se centran más en los riesgos y oportunidades para los prestamistas que por las consecuencias que generan la pobreza, los eventos catastróficos o la falta de recursos en servicios básicos como la salud, la educación, el agua potable o la vivienda.
El interés por garantizar el pago de las deudas a corto plazo opaca las consecuencias intergeneracionales a largo plazo para quienes deberán pagar las mismas en el futuro. Si el pago de la deuda es a costa de las inversiones en salud y educación se compromete el capital humano de los niños y niñas que heredarán esta obligación en su adultez.
Los documentos emitidos desde el Vaticano señalan que para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París será necesario un aumento importante de las inversiones públicas en todos los países en tres áreas críticas: desarrollo humano integral -salud, educación y nutrición-; sistemas industriales y energéticos sin emisiones de carbono; e infraestructura sostenible -agua potable y saneamiento, sistemas de transporte público, vivienda social y protección social-. Estas inversiones públicas, a su vez, respaldarán el rápido desarrollo del sector privado y la economía del cuidado, con las condiciones para el trabajo decente.
La demanda de una reforma de la arquitectura financiera internacional no es una novedad. La crisis de 2008 ya evidenció los graves problemas de regulación del sistema global ya que la misma devino justamente de la ausencia de mecanismos que protegieran a las personas.
Una infinidad de estudios académicos han demostrado que los costos de dicha crisis fueron transferidos a las familias -a través de las pérdidas de sus viviendas y fuertes recortes en los sistemas jubilatorios- y a los gobiernos con más deuda pública. Las agencias de calificación crediticia solo pagaron multas por sus errores en sus análisis de riesgos y el sistema financiero no enfrentó grandes pérdidas.
Las bases de la propuesta papal fueron analizadas durante más de un año en la Academia Pontificia de Ciencias Sociales (PASS) que congregó a un grupo de expertos académicos en finanzas, profesionales, ministros de finanzas, formuladores de políticas, autoridades de instituciones financieras internacionales, líderes religiosos y expertos de organizaciones de la sociedad civil.
El contexto de deuda es más crítico y distinto, los desafíos son mayores y los países de ingreso medio de ALC no están alejados de esta realidad. Urge una reforma de la arquitectura financiera internacional que se sustente en principios éticos que involucran a todos los países del mundo.
El promedio de deuda pública respecto al PIB en la región alcanzó el 55 % en América Latina en 2023, porcentaje mayor a lo que se tenía 20 años atrás. Este mismo ratio se ubicó en el 70 % en los países del Caribe en 2023.
El incremento de los intereses viene afectando la capacidad de los países de financiar las políticas públicas, reduciendo el espacio fiscal para sectores importantes. Según CEPAL, en el 2024 se alcanzará un nivel históricamente alto en el pago de intereses en la región, con un equivalente al 3% del PIB.
La priorización por el pago de la deuda en un contexto de altos costos financieros y el endeudamiento que se viene arrastrando ante la necesidad de obtener recursos para afrontar emergencias como la pandemia o catástrofes climáticas, ha llevado a que en promedio la región ALyC destine el 35% de sus ingresos al pago del servicio de la deuda. En la región en promedio se pagará este año por servicio de deuda el equivalente al 2,2 veces el gasto en educación, 2,6 veces el gasto en salud y también 2,6 veces el gasto en protección social.
El avance en la garantía de los derechos y en el desarrollo se estancó en niveles relativamente bajos si se consideran las coberturas y calidad de la educación y la salud y de otros servicios públicos como energía eléctrica, agua potable y saneamiento básico, los niveles de pobreza monetaria y multidimensional, la cobertura y prestaciones de la protección social y de los cuidados. Estas condiciones no solo afectan a la calidad de vida de las personas, sino también a la capacidad productiva ya que la mayor parte de la población adulta trabaja por cuenta propia en condiciones sumamente precarias.
La persistencia de altos niveles de desigualdades -económicas, territoriales, étnicas, y de género- es otro de los factores que dan la alarma sobre nuestro desempeño económico.
El pago de la deuda afectará la calidad de vida de la población. Debido a la baja e inequitativa presión tributaria, los compromisos financieros internacionales serán asumidos a cambio de políticas de “austeridad” afectando la provisión de los servicios públicos imprescindibles para la mayoría. Los países de la región no pueden estar ajenos al debate y a las demandas internacionales sobre la reforma de la arquitectura financiera internacional que implique un financiamiento más justo para nuestros países y una reparación histórica del Norte al Sur global.
Fuentes:
https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2024/june/documents/20240605-incontro-pas.html
https://www.pass.va/en/events/2024/debt_crisis/final_statement.html
