En la actualidad, los canjes de deuda son promocionados como herramientas “verdes” e innovadoras, aunque la realidad ha demostrado lo contrario, pues son realmente parte de un escenario de reendeudamiento creciente y crisis climática, y no son realmente la panacea ofrecida por los grupos económicos que los impulsan.
Esta fue una de las ideas principales que se debatieron en el reciente conversatorio virtual “Aprendizajes, desafíos y dilemas de la sostenibilidad ambiental y fiscal: síntesis sobre el canje de deuda por naturaleza en Galápagos”, organizado por la Red Latinoamericana por Justicia Económica, Social y Climática – Latindadd, junto al Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) de Ecuador.
Durante su intervención en el conversatorio, Eva Martínez, economista e investigadora del CDES, señaló que lejos de representar soluciones estructurales, estos esquemas —que aparecieron en los años 80 y hoy se rediseñan con mayor complejidad— involucran bonos temáticos, garantías internacionales, fideicomisos privados y jurisdicciones offshore. “Estos esquemas son promovidos por bancos multilaterales de desarrollo y aseguradoras de riesgo político como el Banco Mundial, la Corporación Financiera de Desarrollo de los Estados Unidos y ONGs internacionales que actúan como fiduciarias o ejecutoras”, advirtió.
De otro lado, Martínez también cuestionó que estos mecanismos sólo se apliquen en países de alto riesgo país, y que no parten de desde un enfoque de corresponsabilidad, “sino de contextos de deterioro financiero y en muchos casos termina reforzando las limitaciones que enfrentan los países para definir sus propias reglas fiscales, ambientales y de desarrollo”.
Un historial de irregularidades
En 2023, Ecuador convirtió 1600 millones de dólares en bonos de deuda externa en un bono azul de 656 millones para Galápagos. Sin embargo, el proceso estuvo marcado por falta de consulta a comunidades locales, ausencia de transparencia contractual y una gobernanza cerrada dominada por actores privados. Se recalcó además que estos canjes apenas reducen en promedio un 3% de la deuda externa total y no cumplen con los objetivos climáticos prometidos.
Ante estas preocupaciones, CDES y Latindadd solicitaron información detallada al Banco Interamericano de Desarrollo, al no obtener respuesta, se presentó una denuncia ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) junto a las comunidades de las Islas Galápagos, que no fueron informadas sobre el proceso del canje. El MICI admitió la queja e inició un proceso de diálogo con participación del BID, el Estado ecuatoriano y las comunidades, es decir, fue un proceso de negociación tripartito. Este proceso permitió introducir correctivos, pero dejó una lección muy profunda: los canjes de deuda por naturaleza tal y como se están implementando actualmente replican una lógica de concentración de poder, exclusión y ausencia de control democrático.
Lorenzo Idrovo, miembro de la comunidad de Galápagos, subrayó la importancia de haber presentado la queja ante el MICI, ya que sin esta no hubieran podido obtener un porcentaje del canje para financiar proyectos comunitarios. “No hay conservación si no hay una lucha social detrás” resaltó. Además, mencionó que desde el inicio del canje de deuda por naturaleza hubo una falta de información a la comunidad de Galápagos, necesaria para una participación justa, y más bien fue una imposición.
Arquitectura de la especulación
Por su parte, Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador, sostuvo que cuando hay conversiones de deuda y empiezan a aparecer recursos para inversiones ambientales o sociales, con frecuencia los Estados reducen sus aportes presupuestados para este tipo de acciones. Se consolida así la arquitectura de la especulación incorporando a la naturaleza que se le sigue viendo como un activo financiero y como una plataforma de acumulación.
“Como saldo tenemos un acuerdo promocionado mundialmente con un escaso aporte real para proteger las Islas Galápagos, a costa de una evidente pérdida de control y soberanía del Estado Ecuatoriano, con una operación financiera que se traduce en oportunidades de negocio para unos pocos acreedores de la deuda ecuatoriana. Así se consolida un proyecto político cultural, un proyecto económico cultural, se reproduce la hegemonía imperial con la mercantilización de la naturaleza, en suma, no estamos obligados únicamente a preservar un santuario natural, sino a disputar el sentido mismo de la vida frente a la lógica utilitarista y mercantil”, añadió Acosta.
Carla García, representante del Bank Information Center, subrayó la importancia de las comunidades en el proceso de quejas ante el MICI, afirmando que actualmente hay una “mayor sabiduría en el MICI para usar su política y la política del BID. Además hubo un esfuerzo muy claro para moverse muy rápidamente y unir el tema de la investigación junto con el diálogo. El caso demuestra cómo los mecanismos pueden ayudar a abrir espacios de diálogo cuando hay voluntad de todas las partes. Por último, la creación y transformación de nuevos instrumentos financieros, de estas nuevas formas de canjear deuda, sigue, pero tengo plena fe de que cada vez hay mayor conocimiento y experiencia de las comunidades reclamantes y sus aliados para hacer valer sus derechos, para decidir el uso de sus territorios, sus recursos y para poder lograr tener una vida digna”.
