Nueva York.- La quinta sesión de negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional comenzó este 3 de agosto con una discusión más detallada sobre el contenido del futuro instrumento. Con los borradores ya sobre la mesa, en esta sesión los Estados deberán profundizar en los distintos artículos del borrador, resolver diferencias y definir qué obligaciones, principios y mecanismos quedarán finalmente incorporados en la Convención.
En las intervenciones iniciales se volvió a presentar la Convención como una oportunidad para movilizar recursos para el desarrollo sostenible, reducir las desigualdades y responder a las diferentes necesidades y capacidades de los países. El desafío, ahora, será traducir esos objetivos generales en disposiciones concretas y compromisos efectivos.
Disputa sobre la participación de la sociedad civil
Antes de entrar en las discusiones del texto, la primera controversia de la jornada fue sobre la participación de la sociedad civil. Durante la sesión se cuestionó que dos organizaciones que habían solicitado acreditación no aparecieran en la lista. El caso terminó en una votación sobre la admisión de una organización de derechos humanos de Kenia: 42 países votaron a favor, tres en contra y 20 se abstuvieron, por lo que finalmente fue incluida en el proceso.
El episodio puso sobre la mesa una preocupación que va más allá de esta votación. El borrador de la Convención no reconoce de manera expresa la participación de la sociedad civil, pese a que se trata de un proceso que busca establecer nuevas reglas para la cooperación tributaria internacional. Para las organizaciones, esto deja un vacío que debería corregirse, ya que su participación no puede depender de decisiones puntuales de los Estados, sino que debe contar con reglas claras y mecanismos permanentes.
El desafío de convertir el borrador en compromisos efectivos
Los Estados deberán identificar qué elementos del borrador requieren mayor desarrollo, cuáles deben modificarse y qué contenidos deberán ser retirados. Uno de los principales desafíos será que la búsqueda de consensos no termine reduciendo la ambición de la Convención.
El borrador plantea tres ideas transversales: que el instrumento pueda evolucionar con el tiempo, que cuente con una gobernanza flexible y organizada en distintos niveles, y que la implementación sea considerada desde el inicio de su diseño.
También propone una arquitectura institucional que incluye una Conferencia de los Estados Partes, un órgano subsidiario encargado de la implementación, posibles organismos adicionales y una secretaría.
Para la sociedad civil, será clave que conceptos como “flexibilidad” y “evolución” no terminen traducidos en compromisos débiles, aplicación voluntaria o decisiones postergadas. Una Convención puede contar con una estructura institucional amplia y, aún así, tener un impacto limitado si no establece responsabilidades claras y mecanismos efectivos para hacer cumplir sus disposiciones.
Otro de los primeros puntos de preocupación de la sociedad civil fueron los principios que guiarán la Convención. Las organizaciones plantean que los derechos humanos deben quedar expresamente reconocidos y que no sean desplazados por un enfoque centrado solo en los llamados “derechos de los contribuyentes”.
También pidieron que el texto vincule de manera clara la política tributaria con el desarrollo sostenible y tome en cuenta desigualdades relacionadas con género, raza y otros factores. Para las organizaciones, estos temas no deberían quedar como menciones generales, sino reflejarse en los objetivos y principios de la Convención.
Actividades extractivas y pueblos indígenas
Las organizaciones también buscan que las negociaciones incorporen las actividades extractivas, los derechos de los pueblos indígenas y su relación con el desarrollo sostenible.
El tema tiene especial importancia para los países del Sur Global, donde la explotación de recursos naturales genera una parte importante de los ingresos, pero también puede dejar impactos sociales y ambientales en los territorios. Al mismo tiempo, una parte de las ganancias puede terminar trasladándose fuera de esos países.
La discusión será si la Convención puede incorporar estas realidades o si se limitará a establecer reglas generales que no consideren cómo funcionan las actividades extractivas y el traslado internacional de ganancias.
Con el inicio de la revisión artículo por artículo, la negociación entra en una etapa decisiva. Lo que los Estados acuerden sobre derechos humanos, flujos financieros ilícitos, prácticas tributarias nocivas, actividades extractivas y otros temas determinará qué tan lejos puede llegar la futura Convención.
Para la sociedad civil, el reto será que la búsqueda de acuerdos no termine rebajando las propuestas más ambiciosas.
(Publicado originalmente en justiciafiscal.net: https://justiciafiscal.net/convencion-fiscal-de-la-onu-quinta-sesion-de-negociaciones-inicia-con-cuestionamientos-de-la-sociedad-civil-al-texto-borrador/)
